Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado empresarial que supuestamente se dedicaba a crear sociedades ficticias que luego vendía contratos de trabajo falsos a personas que buscaban cobrar prestaciones económicas o lograr la residencia legal en España. El fraude para la Seguridad Social asciende a medio millón de euros y han sido detenidas 34 personas.
Según ha informado la Dirección General de la Policía, el entramado daba de alta en la Seguridad Social a los supuestos trabajadores y, posteriormente, desatendían sus obligaciones económicas.
La investigación comenzó en octubre cuando se tuvo conocimiento de la existencia de un grupo dedicado a crear empresas para realizar altas fraudulentas de trabajadores en la Seguridad Social para que tuvieran acceso a prestaciones, permisos de residencia o ambas cosas.
El grupo estaba afincado en Orihuela y había creado una aparente estructura empresarial que daba cobertura legal a sus actividades al ofrecer ficticiamente la prestación de servicios relacionados con la construcción.
A través de un gestor implicado en los hechos, la red daba de alta a ciudadanos, a quienes ofrecían contratos laborales previo pago de entre 200 y 300 euros mensuales, sin que existiera una relación laboral efectiva. Como parte de su estrategia, desatendían las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Los agentes comprobaron que los falsos empleados se habían beneficiado adicionalmente de la regularización de su situación en España por arraigo social o con la renovación del permiso. No obstante, "era frecuente" que la finalidad de la contratación obedeciese a motivos estrictamente económicos. Para ello cubrían periodos de carencia para generar el derecho a las prestaciones o subsidios por desempleo, maternidad o incapacidad, habiendo causado un fraude al erario de la Seguridad Social superior a los 500.000 euros.
Captados por empresarios
En el transcurso de la investigación, los agentes descubrieron que los trabajadores eran captados para la red directamente por los empresarios y en ocasiones recurriendo a la figura del mediador, llegando a dar de alta en la Seguridad Social a 42 trabajadores de forma fraudulenta.
La operación se ha saldado con 34 detenidos en la provincia de Alicante. De ellos, dos eran empresarios, un gestor y 31 supuestos trabajadores, a los que se les imputan los delitos de falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal y delito contra la seguridad social. El resto de falsos empleados están ilocalizables, algunos por haber regresado a sus países de origen.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Alicante.
