Los miembros del «clan Polverino» de la Camorra napolitana tenían la capacidad de intimidar y causar miedo sólo con mencionar el apellido de su capo, Giuseppe Polverino, alias «O Barone», uno de los 21 acusados que se sientan desde ayer en el banquillo de la Audiencia Nacional, aseguró el fiscal durante la primera jornada de la vista oral. Varios acusados fueron detenidos en la provincia de Alicante.
El tribunal rechazó las cuestiones alegadas por las defensas que solicitaban la anulación del juicio por prescripción, dilaciones indebidas y cosa ya juzgada. También reclamaban la nulidad de las intervenciones telefónicas practicadas a algunos de los presuntos miembros del clan, al que se juzga por el tráfico de hachís y el blanqueo de capitales que habrían llevado a cabo a través de una estructura centrada en inversiones inmobiliarias y desarrollada en España a partir de los años 90.
Asociación ilícita
La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos penas de diez años y cuatro meses de cárcel por un delito continuado de blanqueo de capitales y de asociación ilícita. Para uno de ellos, Vicenzo Panico, reclama, además, un año y nueve meses por tenencia ilícita de armas. También acusa a una treintena de sociedades empleadas como pantalla en el lavado del dinero y solicita para todos los acusados indemnizaciones millonarias.
El juicio se centrará en analizar la época en la que se produjo la transición entre el conocido como «clan Nuvoletta», importante organización criminal de la Camorra cuyo declive empezó en los 90, y su heredero, el «clan Polverino». Los fiscales defienden que el principal acusado, «O Barone» tomó el relevo tras la muerte o el ingreso en prisión del grupo mafioso original, y cimentó la actividad delictiva del grupo en las ganancias obtenidas en el ladrillo español. La complicada operativa de esta «asociación criminal» parece haberse contagiado a la vista oral, que discurrirá manteniendo una doble videoconferencia con Italia, donde están encarcelados el propio capo y su mano derecha.
Este clan realizó importantes inversiones inmobiliarias en las Islas Canarias. Según relata el fiscal en su escrito de acusación, estableció tres grupos, repartidos en la Costa Dorada de Tarragona, en la Costa del Sol malagueña y en Alicante, que desplazaban sus actividades de norte a sur de España según avanzaba la presión de los investigadores. El primer grupo lo formaban los componentes del clan, todos italianos con fuertes vinculaciones con nuestro país; el segundo lo conformaban sus familiares directos y en el tercero, el de Alicante, estaban los colaboradores que facilitaban la estructura de domicilios y vehículos.
