Un promotor inmobiliario ha sido condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de 2.700 euros por un delito de apropiación indebida al quedarse con más de 184.000 euros de los pagos a cuenta realizados por ocho compradores de viviendas en la localidad alicantina de Castalla.

Los hechos ocurrieron entre abril y septiembre de 2005 pero en ellos no tuvo participación alguna otro empresario procesado en esta causa y que ha sido absuelto, según refleja la sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante hecha pública hoy.

El fallo recoge que el administrador único de la mercantil Lico Europa SL, Juan Pablo C.P, suscribió contratos con varios clientes extranjeros y se comprometió a entregarles unas viviendas en diciembre de 2006 en la urbanización Ocean-Greenary.

Los interesados le adelantaron cantidades que oscilan entre los 16.317 y los 54.570 euros a cuenta, y pactaron pagar el resto a la recepción de las llaves en una cuenta bancaria de la que era titular otra sociedad, Vallelitoral Esp SL, grupo empresarial al que pertenecía Lico Europa SL.

Sin embargo, "ninguna de las viviendas fue entregada a sus compradores en la fecha señalada, y ello a pesar del cumplimiento de sus obligaciones por parte de los mismos", concluye el tribunal.

De hecho, el edificio proyectado no se construyó íntegramente ni los adelantos monetarios desembolsados por los perjudicados fueron devueltos, si bien la Audiencia no se ha pronunciado en la sentencia sobre las posibles indemnizaciones que les corresponderían porque éstas se han sustanciado en la vía civil.

La falta de pago a la empresa constructora de las obras provocó que la firma que sucedió a Lico Europa SL, Alimar Europa SL, entrara en concurso de acreedores, un concurso que la propia fiscalía calificó como "culpable" conforme al informe emitido por los administradores concursales para el juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante.