24 de enero de 2016
24.01.2016

Juzgan a dos guardias civiles de Santa Pola por colaborar con una red de carnés de conducir falsos

Los agentes facilitaron información reservada de uno de los clientes del entramado

24.01.2016 | 03:16

Otras tres personas se sentarán en el banquillo por estafa, extorsión y aprovechamiento de información privilegiada.

Dos guardias civiles de Santa Pola serán juzgados por colaborar presuntamente con una red que vendía carnés de conducir falsos, según el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso este diario. Los miembros de este grupo simulaban ser funcionarios de la Dirección General de Tráfico, guardias civiles o profesores de autoescuelas para vender los permisos a personas de bajo nivel cultural.

A uno de los agentes imputados se le acusa también de colaborar en la presunta extorsión sufrida por un hombre que no pagó por los servicios recibidos del grupo. El fiscal acusa a ambos de un delito de revelación de secretos por lo que les pide dos años y medio de cárcel a cada uno; y al segundo le imputa además extorsión por el que reclama tres años y medio de prisión más. Junto a ellos se sientan en el banquillo otras tres personas acusadas de formar para de la red a quienes se les imputa delitos de estafa, aprovechamiento de información privilegiada y extorsión.

La causa había entrado esta semana en un juzgado de lo Penal de Alicante para que enjuiciara los hechos, pero se va a remitir a la Audiencia al considerar este órgano que es la competente para celebrar la vista oral.

Los hechos ocurrieron en el año 2011 cuando los acusados, según el escrito de calificación de la Fiscalía, se dedicaban a ofrecer a personas analfabetas y extranjeros con dificultades para entender el castellano la obtención de carnés supuestamente auténticos por un precio aproximado de 1.500 euros.

Uno de los acusados se encargaba de captar a las personas interesadas en obtener el carné y les acompañaba a realizar el reconocimiento médico, recogiendo toda la documentación y haciendo los cobros correspondientes. Por estos servicios cobraba 100 euros a cada cliente, entregando el resto a otro de los procesados que simulaba ser un guardia civil y que entregaba los carnés de conducir. Para dar más autenticidad a los permisos, un tercer acusado se hacía pasar por funcionario de Tráfico.

En el verano de 2011, un hombre contactó con los acusados con quienes acordó el pago de 1.200 euros y el traspaso de un BMW de su mujer a cambio de que le consiguieran un permiso que le permitiera conducir camiones articulados. Para ello entregó su propio carné a uno de los acusados.

Según el relato de hechos del fiscal, en diciembre de 2011, este cliente no había pagado todavía el dinero acordado. Los acusados recurrieron a uno de los guardias civiles imputados para obtener todos los datos relativos al coche de su esposa y que llamara por teléfono al cliente para que le exigiera la entrega del coche y el dinero acordado por el carné de conducir.

El otro de los guardias accedió a datos del cliente moroso, comunicando a uno de los acusados la información de su domicilio, antecedentes policiales, requisitorias, vehículos, etcétera. El fiscal considera que los dos agentes se aprovecharon de su condición de guardias civiles para acceder a esa información y comunicarla a los miembros del grupo, aún a sabiendas del uso que éstos iban a hacer de esa información.

Los dos acusados en compañía de uno de los guardias civiles se presentaron en la oficina del comprador en Alcantarilla (Murcia) para exigirle el pago del dinero y el vehículo como precio por el permiso.

El fiscal sostiene que en esa reunión el agente llegó a exhibir su placa de guardia civil y le dijo que tenía que pagar porque si no «te vamos a amargar la vida», «ándate con cuidado que tienes dos asuntos por robo» o «yo soy la autoridad y por eso me voy a llevar la furgoneta», añade el fiscal.

Para los dos presuntos cerebros del entramado se piden cuatro años de cárcel por estafa y por extorsión; y para uno de ellos, una multa de 8.000 euros por aprovechamiento de información privilegiada. Para un tercer acusado se piden cinco meses de cárcel por ser cómplice de la estafa al simular ser funcionarios de Tráfico.

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