Todo parecía atado y bien atado para que ayer comenzara el juicio por presunto fraude fiscal que iba a sentar en el banquillo, entre otros, a los empresarios Enrique Ortiz y Rafael Galea. Sin embargo, a tan sólo doce horas del inicio de la vista el juzgado recibió un escrito del inspector de Hacienda que redactó el informe en el que se basa la acusación comunicando que no iba a poder asistir por enfermedad. El funcionario, que estaba citado para hoy, aportaba un certificado médico en el que se decía que debía guardar reposo absoluto. La titular del juzgado de lo Penal uno de Alicante comunicó ayer a las partes esta incidencia, cuando todos estaban ya con las togas en la sala de vistas. Tanto el fiscal como el Abogado del Estado solicitaron entonces la suspensión del juicio y que se fijara una nueva fecha, ya que se consideraba imprescindible la declaración del testigo.
La vista oral se ha pospuesto ahora para dentro de seis meses. El 21 de junio habrá una sesión destinada a que las partes planteen todas las cuestiones previas que se estimen oportunas y, una vez que se resuelvan, el juicio proseguirá del 4 al 8 de julio. Algunos letrados habían visto demasiado ajustado el señalamiento tal y como estaba planteado, ya que se preveían jornadas maratonianas de mañana y tarde para que pudieran declarar en tres días todas las personas previstas. Las nuevas fechas van a suponer hasta seis días de juicio, con una pausa de doce para resolver las cuestiones previas. Algunas fuentes apuntaron a que también se iba a buscar una nueva sala de vistas, dado que la del juzgado apenas tenía capacidad para poder sentar a todos los abogados, acusados y el nutrido público que asistía a la vista. La relevancia nacional de las conversaciones telefónicas del caso Brugal motivó que numerosas cadenas desplazaran equipos para cubrir el proceso. A Ortiz le esperaba algún ciudadano que le increpó en el momento de entrar al Palacio de Justicia y hasta había quienes con sus teléfonos móviles pretendían captar una instantánea del empresario en la calle.
El aplazamiento no fue del gusto de algunos de los acusados que, aunque no quisieron hacer declaraciones a la prensa, fuera de micrófono recalcaban que ellos no han tenido nada que ver con el motivo de la suspensión. «Nosotros lo que queremos es quitarnos esto de encima ya», señalaba a este diario uno de los procesados.
Junto a Ortiz y Galea, se sientan en el banquillo los empresarios Miguel Ballestar, Miguel Carratalá y Vicente Pérez Cañas. El fiscal y la Abogacía del Estado les acusa de un fraude de seis millones de euros a la Hacienda Pública por lo que reclaman penas que suman cuatro años y medio de cárcel para cada uno por los delitos de fraude fiscal y falsedad de documento mercantil. El fiscal les acusa de haber simulado en octubre de 2005 contratos de arrendamiento de nueve fincas rústicas en la Playa de San Juan que permitió a los responsables de Hansa con la ayuda de las empresas de Ortiz y Aurelio González Villarejo aplicarse bonificaciones fiscales que no les correspondían.
El abogado de Enrique Ortiz, Francisco Ruiz Marco, aseguró ayer a la salida del juzgado que «demostraré que mi cliente no participó» en el delito de nadie y recordó que el empresario no tiene ninguna deuda con Hacienda. Por su parte, Rafael Galea, representado por el letrado Javier Boix, siempre ha defendido la legalidad de las operaciones y atribuido la acusación a una discrepancia con los criterios de los inspectores de Hacienda.
Los informes periciales van a ser determinantes en el resultado del juicio. Las defensas han escogido a antiguos peritos de la Agencia Tributaria que tratarán de rebatir las conclusiones de los inspectores de Hacienda. Hasta tal punto se ha cargado la artillería pesada, que uno de los acusados, Aurelio González Villarejo, contaba como abogado con una de las máximas autoridades en derecho tributario en España, el exfiscal Luis Jordana de Pozas. Aunque la intervención de este letrado no va a ser necesaria, al haberse sobreseído la causa para Villarejo a causa de una enfermedad neurodegenerativa que le impide afrontar un juicio.sobreseído la causa para Villarejo
