El exsecretario de Estado de Medio Ambiente y actual subsecretario de Presidencia del Gobierno, Federico Ramos número tres en el departamento que dirige Soraya Sáenz de Santamaría, participó en la presunta reunión con FCC en la que se pactó una «compensación indebida» de 40 millones a la constructora que luego se consignó en los presupuestos de 2015.
Según informaron fuentes jurídicas, testigos exempleados de la empresa pública Acuamed, varios de ellos ingenieros, afirmaron al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que esa reunión se celebró en el Ministerio de Agricultura y que a ella acudió Ramos.
Desaladora en Almería
Esta supuesta compensación se pactó dentro de un contrato concedido a la UTE formada por FCC y Abengoa, el de la construcción de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería.
Según explica el juez, FCC y Abengoa debían pagar el 100% de los desperfectos que se produjeron después de que se inundara la desaladora, pero el director general de Acuamed accedió a abonar un 40% de su valor y que FCC pagara el 60% (40 millones), cuando, insiste Velasco, esas reparaciones no eran «responsabilidad de la Administración».
La finalidad era que FCC acabara no teniendo que pagar nada por las inundaciones. Acuamed y la constructora pactaron que se le resarciría de ese gasto «mediante compensaciones en otras obras». Esa compensación se plasmaría en el contrato de la descontaminación del pantano de Flix, adjudicado luego a FCC por 180 millones de euros, inflándolo con partidas «irreales», según el juez.
En concreto, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco señala en el auto que los pagos irregulares en el que aseguraba que la empresa adjudicataria, implicada en la trama que tenía como epicentro la sociedad pública Acuamed, pactó con «altos cargos» del Ministerio esta retribución ilegal. Varios denunciantes anónimos, trabajadores del organismo dependiente de Agricultura, han apuntado en distintas declaraciones judiciales sus sospechas sobre el papel que Ramos desempeñó en aquella negociación ahora investigada. Hay que tener en cuenta que en aquel momento presidía el Consejo de Administración de Acuamed.
En el auto judicial en el que envía a prisión a cinco personas, entre ellas el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, Velasco precisaba que la compensación irregular quedó reflejada en los presupuestos generales del Estado de 2015. También se consignó una cantidad total de 26 millones en los presupuestos de 2016.
Procedimiento
Las fuentes consultadas aseguran que el montante de las últimas cuentas fue inferior debido a la reducción de la partida del departamento ministerial.
El pago irregular arranca de una inundación en la desaladora del bajo Almanzora (Almería), adjudicataria de Abengoa y de FCC. Acuamed no exigió que FCC cubriera los desperfectos, como debería haber hecho dado que existía un seguro a todo riesgo contratado en previsión de posibles daños. A cambio cerró un acuerdo por el que Acuamed se comprometía a abonar ella misma un 40 por ciento y reclamar a las adjudicatarias el pago del 60, prometiendo que le sería compensado a través de la concesión de otras obras. El proyecto elegido para ultimar el plan fue la descontaminación del pantano de Flix, que sirvió para ejecutar la compensación fraudulenta. De una facturación de 3,5 millones se pasó a «diseñar» pagos de 40 millones ficticios, que se intentaron justificar mediante la certificación de obra no ejecutada.
