Dos millones de más por las presas antirriadas del río Serpis

El juez explica que los importe hinchados se enmascararon en inexistentes trabajos de arqueología

22.01.2016 | 01:01

Una de las prácticas comunes de Acuamed, según indica el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, era afirmar por algunos de los técnicos conniventes que las obras estaban acabadas cuando no era así.

Un ejemplo claro de estas prácticas es el detectado en las presas antirriadas construidas en el río Serpis, donde se hizo la liquidación de la obra en favor de la contratista Altec-Altyum por casi dos millones de euros «más de lo que procedía», explica el juez Velasco, «enmascarando estos importes hinchados en inexistentes trabajos de arqueología, por ejemplo, de manera que se pretendió una sobrefacturación y una liquidación de obra por encima de lo contratado y realizado».

Mutxamel

Sobre el contrato para ejecutar las conducciones y tuberías de la desaladora de Mutxamel, adjudicada también a Altec-Altyum por 9 millones, el juez dice que fue «amañado» para acabar adjudicándoselo a esta empresa, «quien en los informes de los técnicos nunca hubiera conseguido la adjudicación».

Previamente y como parte de estas maniobras fraudulenta, se adjudica la asistencia técnica a la emprea Clothos, a la que los técnicos situaban en los últimos puestos, y que fue adjudicataria «por obra de cambios en los informes obligados por la dirección general».

Clothos acabó haciendo los informes técnicos que permitieron adjudicar las obras a Altec pese a sus escasas opciones en el apartado técnico a las que alude el juez en su auto

Torrevieja

Respecto a la desaladora de Torrevieja, el relato del juez describe también esta habitual práctica de la empresa dependiente del Ministerio.

Afirma que las prisas por acabarla en plazo para recibir ayudas europeas «dio libertad de ejecución a la contratista, con tal descontrol de la obra que se llegó a afirmar por algunos de los técnicos conniventes que estaba acabada cuando no era así (faltaban ajustes, remates, había bombas con fisuras...)»

La liquidación de la empresa (Acciona) «implicaba causar a la Administración tres millones de euros de perjuicio, pretendiendo discrepancias en mediciones que eran mentira (dique y emisario)» y que alcanzaban esa cifra mediante «liquidaciones y reclamaciones basadas en partidas hinchadas, mediciones incorrectas, reclamaciones improcedentes y mediciones irreales y pretendiendo que se la facturaran 17 millones de euros más , aunque el final lo dejaron en 10 millones», añade el juez Velasco.

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