El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó anoche el ingreso en prisión sin fianza por riesgo de fuga y destrucción de pruebas del exdirector general de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Arcadio Mateo, de su directora de Ingeniería, Gabriela Mañueco, del responsable de contratación, Francisco Javier Gómez Pastor, y del hasta ahora responsable en Valencia, Pablo Martín, así como del presidente de la mercantil Altyum, Nicolás Steegman.ingreso en prisión sin fianza
Para los otros ocho detenidos en la operación Frontino, que investiga un supuesto fraude millonario en la contratación de obras por parte de Acuamed a una decena de empresas, entre ellas FCC y Acciona, el magistrado acordó anoche su libertad después de que abonaran al instante las fianzas que les impuso. Las más elevadas fueron las de los tres cargos de FCC investigados: el presidente de la división de Construcción, Miguel Jurado, que pagó 50.000 euros, el directivo Santiago Farré (20.000) y el ingeniero Miguel Roset (20.000).
También quedaron anoche en libertad tras hacer frente al aval el director de Infraestructuras en España de Acciona, Justo Vicente, que abonó 50.000 euros; el director de proyectos de Altyum, José Ramón González, 12.000; el presidente de Pipeline, Manuel Moreno, otros 12.000; el detenido en Alicante, Javier Delgado López, a quien impuso 20.00o euros, y el ingeniero David José Blanca, la misma cantidad.
En un auto dictado anoche el juez mantiene que desde mediados de 2014 el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, «ha urdido» junto con otras personas «un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas, conscientes y queridas (se habla de "presiones") para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos». Con ello se buscaba «el correlativo beneficio injusto (pero también querido) retribuido en parte en regalos en especie para él y para otros (implante de pelos o viajes a Turquía...) a favor de diversos contratistas de obra pública con ocasión de la adjudicación en algunos casos y del desarrollo de la ejecución en otros, de diversos contratos públicos en obra para la ejecución de infraestructuras acuarias en diversos puntos de la cuenca mediterránea y en los que los contratistas, conniventes con aquel, ayudaban y cooperaban a la perpetuación de estas irregularidades, así como presionaban a directivos de Acuamed para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades», afirma el juez.
Estas irregularidades se «vislumbran» en al menos seis contratos: desaladora de bajo Almanzora en Almería; descontaminación física del pantano de Flix; presa de avenida de Rambla Gallinera en Valencia; proyecto de desaladora Marina de Torrevieja; conducciones y tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel en Alicante; cerro colorado de Murcia y presa de antiavenidas del Río Serpis en Valencia.
Desaladora de Torrevieja
Afirma el juez que en la desaladora de Torrevieja, adjudicada a Acciona, «con la presión de pretender cobrar fondos europeos se dejó libertad de ejecución a la contratista con tal descontrol de la obra que se llegó a afirmar que estaba acabada cuando no era así (...) de manera que la liquidación que pretendía la empresa implicaba causar a la Administración tres millones de euros de perjuicio, pretendiendo discrepancias en mediciones que eran mentira (...) pretendiendo que se le facturaran 17 millones de euros más, aunque al final lo dejaron en 10».
El Campello-Muxtamel
En cuanto a las conducciones y tuberías de la desaladora de El Campello-Mutxamel, adjudicada a Altec-Altyum, sostiene el magistrado que «la adjudicación se amaña para acabar adjudicándosela a Altec, quien en los informes de los técnicos nunca hubiera conseguido la adjudicación». Lo mismo que ocurre con la adjudicación de la asistencia técnica a Clothos, «colocada asimismo por los técnicos en los últimos puestos pero que acabó siendo adjudicataria».
El juez asegura también que FCC pactó con «altos cargos» de Agricultura, una «compensación indebida» de 40 millones que finalmente se consignó en una partida de 36 millones en los presupuestos generales de 2015.
Una irregularidad que parte de una inundación en la desaladora del bajo Almanzora, adjudicataria de Abengoa y de FCC, a quienes Acuamed no exigió que cubriera los desperfectos, como debería haber hecho, y cerró un acuerdo por el que se comprometía a abonar un 40% y reclamar a las adjudicatarias el pago del 60 prometiendo que le sería compensado a través de la concesión de otras obras, según recoge el auto. En la Rambla Gallinera en Valencia se certificaron dos millones de «una escollera que nunca existió».
El juez investiga la comisión de presuntos de delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad, tráfico de influencias y cohecho.
