Los dos abogados acusados de estafar durante cuatro años con falsas asistencias en el turno de oficio de Alicante han admitido los hechos y serán condenados a 21 meses de cárcel para cada uno, según informaron a este diario fuentes cercanas al caso, una pena con la que no tendrán que ir a prisión. Inicialmente las penas solicitadas sumaban cinco años de cárcel para cada uno, pero ayer la Fiscalía y la acusación que ejerce la Generalitat Valenciana las redujeron tras el acuerdo firmado ayer en la Audiencia.
Una de las claves del acuerdo es que las acusaciones también han reducido la cuantía del dinero presuntamente defraudado a 8.081 euros, aunque inicialmente se cifró por parte de la Fiscalía en 138.000 euros. Tras los arqueos efectuados por parte del Colegio de Abogados, no constaba que las cantidades percibidas indebidamente superaran los 8.081 euros y así se ha hecho constar en el acuerdo.
Los dos abogados pagaron los 8.000 euros el pasado miércoles, motivo por el que las acusaciones entienden que han reparado el daño causado y han rebajado la pena de prisión solicitada. Según el acuerdo, cada uno será condenado a 21 meses de prisión por delitos de falsedad en documento público y estafa, tiempo durante el que también estarán inhabilitados para el ejercicio de la profesión de abogado y tendrán que pagar una multa de 1.800 euros. El juicio estaba señalado para la próxima semana en la Audiencia Provincial y tenía cuatro días de duración, pero ayer quedó suspendido tras cerrarse el acuerdo.
La pareja de abogados se representaban a sí mismos y en la actualidad ya no ejercían en la provincia de Alicante a raíz de estos hechos
Los hechos se produjeron entre los años 2005 y 2009. Los dos letrados eran pareja y se incorporaron al Colegio de Abogados de Alicante en 1998, inscribiéndose al turno de oficio tres años más tarde. La Fiscalía considera que durante los años 2005 y 2009 ambos presentaron ante el Colegio de Abogados de Alicante en reiteradas ocasiones asistencias no reales por el turno de oficio. Según el escrito de acusación, mediante estos partes conseguían cobrar como dobles algunas de las guardias por haber asistido supuestamente a seis detenidos, cobrando asimismo cantidades por asuntos judiciales inexistentes. En el caso de que la guardia fuera simple se cobraban 150 euros, al superar el número de seis asistidos la cantidad a percibir era de 300 euros. Además se cobraban otras cantidades por actuaciones derivadas de asuntos que, según la Fiscalía, eran inexistentes.
El ministerio público subraya en su escrito de acusación que no había un único modus operandi y los dos acusados tenía distintos métodos para presentar los partes falsificados. El fraude se detectó tanto en asistencias a detenidos ante el juzgado de guardia como en la jurisdicción de Menores.
