Un juzgado de Alicante ha ordenado el ingreso en prisión de un hombre que se negó a demoler una vivienda ilegal en una zona protegida de Castalla, según confirmaron a este diario fuentes cercanas al caso. Aunque el hombre había sido condenado a menos de dos años de cárcel, la Fiscalía se había opuesto a que se le suspendiera la pena debido a que no había derribado la obra ilegal, tal y como se establecía en la sentencia. El juzgado llevaba tres años instando al cumplimiento de la resolución, motivo por el que el pasado mes de diciembre acordó la detención y el ingreso en prisión del acusado por este motivo. Sin embargo, el acusado ha recuperado la libertad cinco días después una vez que la casa fue demolida y todos los escombros retirados de la parcela.
Los hechos se remontan al año 2004 cuando el acusado edificó una construcción de 145 metros cuadrados en el paraje Racó de Pellicer en Castalla, en una zona que estaba declarada no urbanizable y de especial protección ecológico-paisajística, sin haber obtenido ni solicitado licencia o permiso alguno para ello. La casa, de dos plantas de altura, era utilizada como vivienda no habitual y para guardar herramientas de campo. El hombre alegaba que nadie le había dicho nada de la situación de ese suelo y que pensaba que podía construir, porque había otras viviendas en la zona. Sin embargo, la sentencia le recuerda que sólo tenía que haber ido al Ayuntamiento para informarse de las condiciones del suelo y hubiera obtenido toda la información sobre la situación de las parcelas, al tiempo que recuerda la máxima de que el desconocimiento de la Ley no le exime de su cumplimiento. El fallo recuerda que la obra se inició cuando el paraje ya estaba declarado de especial protección. Asimismo recuerda además que no había posibilidad alguna de legalizar los trabajos realizados. Por ello, el juzgado le imponía una pena de seis meses de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio.
En los delitos contra la ordenación del territorio, el criterio de la Fiscalía es oponerse a que al acusado se le suspenda la pena y, por tanto vaya a la cárcel, si éste no ha procedido a la demolición de la vivienda ilegal. En el caso actual, el ministerio público señalaba que el acusado no sólo había puesto todas las trabas a su alcance para tratar de evitar el cumplimiento de la sentencia, sino que además había realizado trabajos de mejora en la construcción. Por eso, cuando el acusado planteó al juzgado frenar su ingreso en prisión alegando que había presentado un proyecto para la demolición de los trabajos, esa documentación no evitó que fuera a la cárcel. El pasado 17 de diciembre se ordenó la detención y el ingreso en prisión del acusado. El día 22 se acordó la libertad tras acreditarse que la obra ya se había demolido. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil se personó en la parcela para comprobarlo. Un aviso para navegantes, ya que en el mismo juzgado hay otra sentencia muy similar a ésta en la que el acusado tendrá que ir a la cárcel sino derriba la obra.
