La Audiencia de Alicante ya ha recibido la causa por un presunta red de sobornos a empleados del Consulado de Argelia y está pendiente de señalar fecha para el juicio. Como ya publicó este diario el 13 de mayo de 2014, la Fiscalía solicita provisionalmente penas que suman 76 años de prisión para ocho acusados a los que vincula con una trama corrupta que se dedicaba a favorecer la inmigración ilegal y que estaba orquestada por empleados del consulado de un país magrebí en Alicante. Esos trabajadores no tenían la condición de funcionarios consulares ni inmunidad diplomática.
El Ministerio Público atribuye al grupo la comisión de varios delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, cohecho y falsedad documental. Esta trama fue desarticulada por la Guardia Civil a mediados del año 2007 en el marco de la denominada «Operación Deporte», que se saldó con 25 detenciones en las provincias de Alicante, Murcia, Málaga y Valencia.
Las pesquisas revelaron la existencia de un grupo de trabajadores del consulado que percibían dinero a cambio de no reconocer como nacionales de ese Estado a inmigrantes detenidos por infracción de la Ley de Extranjería. De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal, dos de esos empleados, que eran personal contratado y por lo tanto no tenían la condición de funcionarios consulares ni la consiguiente inmunidad diplomática, cobraban dinero o recibían dádivas para no reconocer a compatriotas y frenar así su expulsión de España.
Los demás sospechosos están encausados por pagarles supuestamente dichas prebendas o bien elaborar documentación falsa consistente en certificados del padrón municipal, impresos de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, ofertas de trabajo o permisos de conducir y partidas de nacimiento de ese país. Para los dos empleados se reclaman 31 y 25 años de prisión, respectivamente.
