Dos abogados de Alicante se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo mes de enero acusados de un fraude en el turno de oficio fraude en el turno de oficio a lo largo de cuatro años en los juzgados de Benalúa. La Fiscalía de Alicante les acusa de haber facturado hasta 138.000 euros a la Generalitat Valenciana en concepto de asistencias a detenidos por Justicia gratuita inexistentes durante un total de cuatro años, hasta que se detectaron los hechos, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. Durante ese periodo, los dos letrados imputados cobraban el triple que sus compañeros durante los días en que se encontraban de guardia. La Fiscalía pide para cada uno de ellos penas que suman cinco años de cárcel por los delitos de falsedad en documento público y estafa. La Generalitat Valenciana también está personada en el proceso como acusación particular al ser el principal perjudicado por el supuesto fraude. La Audiencia Provincial ha señalado la vista oral para los próximos 18 y 19 de enero, según las fuentes consultadas por este diario.
Los hechos enjuiciados se produjeron entre los años 2005 y 2009. Los dos abogados acusados eran pareja y se incorporaron al Colegio de Abogados de Alicante en 1998, inscribiéndose al turno de oficio tres años más tarde. La Fiscalía considera que durante los años 2005 y 2009 ambos presentaron ante el Colegio de Abogados de Alicante en reiteradas ocasiones asistencias no reales por el turno de oficio. Según el escrito de acusación, mediante estos partes conseguían cobrar como dobles algunas de las guardias por haber asistido supuestamente a seis detenidos, cobrando asimismo cantidades por asuntos judiciales inexistentes. En el caso de que la guardia fuera simple se cobraban 150 euros, al superar el número de seis asistidos la cantidad a percibir era de 300 euros. Además se cobraban otras cantidades por actuaciones derivadas de asuntos que, según la Fiscalía, eran inexistentes.
El ministerio público subraya que no había un único modus operandi y los dos acusados tenían distintos métodos para presentar los partes falsificados. En algunas ocasiones usaban los nombres y apellidos de personas imputadas que estaban siendo asistidas por otros letrados obteniendo los datos en los propios juzgados o en la Fiscalía de Menores. Otras veces usaron el nombre de alguno de sus clientes para presentar un nuevo parte con un número de diligencias ficticio, alterando la fecha real de la asistencia y del número de procedimiento, de manera que podían duplicarse las solicitudes de cobro.
Los talones presentados por los letrados que abarcaban todas las fases del proceso judicial dentro del mismo trimestre, lo que significa que «sorprendentemente en menos de tres meses, el procedimiento se iniciaba y se acababa, incluida la apelación» ante la Audiencia Provincial, relata el fiscal. El escrito de acusación señala que los procesados estamparon «de manera subrepticia» el sello del juzgado de guardia y de la Fiscalía para los talones y partes que presentaban.
En una ocasión, uno de los letrados enjuiciados llegó a falsificar una sentencia para justificar uno de estos partes, relata el fiscal. Concretamente, en uno de las supuestas asistencias, el supuesto cliente era un menor, que en realidad era mayor de edad y había sido un testigo perjudicado en otro expediente judicial distinto. El letrado aportó una sentencia que imitaba como si la hubiese dictado una de las magistradas para imponer al supuesto acusados 50 horas de trabajos comunitarios por un robo con violencia.
El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento público, por el que reclama una pena de treinta meses de prisión para cada acusado; así como un delito continuado de estafa, por el que reclama una pena de tres años de cárcel. Asimismo reclama el pago de multas que suman 3.240 euros por ambos delitos y la devolución del dinero cobrado de más.
