En plena polémica por la implantación del expediente digital en los tribunales de la Comunidad, la Conselleria de Justicia está renovando las fotocopiadores e impresoras de todos los juzgados. Los técnicos están instalando un total de 2.800 aparatos en todos los partidos judiciales de la Comunidad Valenciana, trabajos que acabarán el próximo 28 de diciembre.
Los nuevos equipos han cogido de sorpresa al personal judicial ya que el lunes de esta semana la Conselleria anunció oficialmente que el expediente digital no se va a poder aplicarse el próximo 1 de enero, tal como prevén las recientes reformas de las leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, que obliga a que todos los escritos que se presenten ante los juzgados se realicen de manera telemática. Los sistemas informáticos de los juzgados no están preparados todavía y el Consell asegura que hasta junio no estará todo listo. El segundo motivo de la sorpresa es que los aparatos reemplazados están prácticamente nuevos y no había necesidad de esta inversión, cuando hay otras carencias más urgentes.
Desde la Conselleria de Justicia se incidió a preguntas de este diario que la renovación de equipos obedece al contrato que tienen con la adjudicataria de los sistemas informáticos de los juzgados. Es un sistema de leasing por el que la empresa se encarga de ir facilitando equipos totalmente nuevos a los juzgados y asume todo el gasto, mientras que cobra a la Administración entre 0.03 y 0.05 céntimos por copia realizada. «Los aparatos los ponen ellos, nosotros ponemos el papel», explicaron dichas fuentes. Desde el Consell se recalcó que aunque la tendencia es la desaparición del papel en todos los juzgados, se trata de centros de trabajo en los que la necesidad de copias en papel va a ser necesaria.
El retraso en la aplicación del expediente electrónico ha causado inquietud entre el personal judicial ante la situación de incertidumbre que se genera. Todos los plazos se han establecido basándose en que todos los escritos se van a presentar de manera electrónicas, mientras que abogados y procuradores no van a tener un sitio en el que presentar sus escritos. «Nosotros hemos los deberes, hemos realizado cursos y preparado nuestros equipos, pero nos encontramos ante la realidad de que no vamos a poder aplicar la ley aunque queramos y sin que sea culpa nuestra», aseguró a este diario el decano del Colegio de Procuradores de Alicante, Enrique de la Cruz. El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, considera que se debería haber hecho un mayor esfuerzo de coordinación para evitar, como finalmente ha ocurrido, una Justicia de dos velocidades entre unas comunidades autónomas y otras.
Sin embargo, la respuesta del Ministerio de Justicia no ha sido nada conciliadora al manifestar de manera inmediata que la aplicación de la Ley no es algo opcional y recordó que le ha concedido un crédito cercano a los 900.000 euros para poder realizar todas las inversiones necesarias para adaptarse a Lexnet, la herramienta digital del Gobierno a través de la que funcionarán todas las comunicaciones con los juzgados.
Desde la Conselleria se aseguró que la ley se va a cumplir, sólo que necesitan un periodo para poder adaptarse debido al retraso en las inversiones en todos los años de gobierno del PP al frente de la Conselleria. «Necesitamos unos servidores potentes o el sistema acabaría colapsado», explicaron esas fuentes. Uno de los principales problemas que se está encontrando el futuro expediente electrónico es la existencia de programas distintos para los juzgados en cada comunidad autónoma y con problemas de compatibilidad.
