La junta de jueces de Alicante se sumó ayer a las críticas a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y considera que con los actuales medios es inaplicable, según confirmaron a este diario fuentes judiciales. Dicha ley establece plazos a las investigaciones judiciales, seis meses en las causas normales y 18 para aquellas que revistan complejidad, plazos que serán prorrogables. A las críticas de los jueces se sumó ayer también la Generalitat que reclamó formalmente un suspensión de la entrada en vigor de la Ley hasta que se dote a los juzgados y a las fiscalías de medios suficientes necesarios para llevarla a cabo. Previamente, la junta de fiscales también había expresado sus temores con la reforma, que entrará en vigor mañana 6 de diciembre.
La junta de jueces alicantina se adhirió a la declaración institucional de los jueces decano de toda España que en su reunión celebrada a finales del pasado octubre en Vigo ya expresaba sus trabas a la limitación de las investigaciones. En ella, los magistrados ven «inadmisible» la limitación del tiempo de la instrucción judicial y advertían de los efectos «sumamente negativos» de la medida. «No por mucho señalar plazos se tramitarán los procesos con mayor agilidad, pues lo que hacen falta son precisamente medios humanos y materiales e intensificar la cooperación judicial internacional», señala la declaración institucional, que además ve con recelo que «la prórroga de los plazos aparezca monopolizada por el fiscal». La aplicación de la reforma va a suponer la revisión de más de 17.000 causas en toda la provincia antes del 6 de junio para decidir cuántas de ellas pueden ser consideradas como complejas o necesitan una prórroga.
La Generalitat Valenciana se sumó ayer a estas críticas e instó al Gobierno central a que apruebe un decreto ley urgente que prorrogue la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hasta que se dote a los juzgados y a las fiscalías de los medios necesarios para llevarlo a cabo. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, recordó que tanto jueces y fiscales estaban denominando la reforma como «ley de punto final», «ley de impunidad» o «ley Berlusconi».
No es la única ley para la que la Generalitat ha pedido una moratoria, ya que también planteó que se retrasara la entrada en vigor de la ley por la que el próximo mes de enero debe implantarse el expediente judicial electrónico por la falta de medios para llevarla a cabo. Ayer la junta de jueces aprovechó para denunciar su total desconocimiento de la situación de la aplicación de la ley y cuáles son las intenciones de la Administración. «Sabemos que los secretarios judiciales ya han recibido un curso y que hay comunidades que están más desarrolladas que otras en este aspecto. Por ejemplo, Andalucía y la Comunidad Valenciana son dos de las que más retraso llevan», explicó el juez decano de Alicante, Salvador Bellmont que lamentó que los jueces todavía ignoran en qué condiciones va a entrar en vigor la reforma el mes que viene.
En este línea aprovecharon para denunciar el incremento de incidencias en los últimos meses por mal funcionamiento del sistema informático. Lentitud de los ordenadores, fallos de los sistemas de videoconferencia en mitad de juicios. Unos problemas que también se han extendido al Instituto de Medicina Legal, cuyos forenses declaran frecuentemente por videoconferencia. Por ello, la judicatura urgió a que se adopten medidas para solucionar estos problemas técnicos.
La junta abordó también la futura creación de nuevos juzgados por parte del Consell en Alicante, ya que el principal problema al que se enfrentan en la actualidad es la falta de espacio físico donde poder ubicarlos, ya que las dos sedes de Benalúa están al completo y en ellas no hay sitio físico para nuevas dependencias. La Conselleria de Justicia ha anunciado la creación del juzgado de lo Penal número nueve de Alicante para el próximo año 2016 y está prevista la puesta en marcha del Primera Instancia número trece para resolver reclamaciones civiles. Por ello, la junta facultó al decano a realizar las gestiones necesarias ante la administración municipal o autonómica para lograr la cesión de algún local en el que poder ubicar las nuevas oficinas judiciales.
Asimismo la junta de jueces ha aprobado iniciar las gestiones para conseguir que el Ministerio de Justicia distinga al magistrado Julio Calvet, uno de los dos que se encuentra en la actualidad al frente del Registro Civil de Alicante, para que sea distinguido con la Cruz de San Raimundo de Peñafort. También se solicitará que el decano de Alicante pueda centrarse en el decanato de manera exclusiva, algo que a Alicante le corresponde desde el año 2003 al contar con más de cincuenta juzgados.
