Cerca de trece toneladas de hachís repartidos entre Alemania y La Vila Joiosa. La Audiencia de Alicante sentó ayer en el banquillo a dos presuntos miembros de una red que movía grandes cantidades de la droga en camiones y a la que acusan de usar una empresa de transportes como tapadera. Sólo dos de los acusados se sentaron en el banquillo por estos hechos: la mujer del presunto cerebro de la red y un empleado de la empresa. Dos de los imputados cuando se hizo la operación han fallecido y otros se encuentran en rebeldía. El cabecilla se encuentra en prisión en Alemania por estos mismos hechos. Los dos acusados negaron tener cualquier vinculación con el tráfico de hachís y aseguraron que eran ajenos a las actividades del detenido en Alemania. La mujer era de hecho la administradora de la empresa implicada.
Los hechos ocurrieron a finales del año 2004 a raíz de la investigación abierta tras la detención de un camionero en la frontera alemana el 7 de septiembre de 2004 y que transportaba 8.757 kilos de hachís ocultos entre la carga. Las pesquisas pusieron a la Guardia Civil sobre la pista de una empresa de transportes que tenía su sede social en La Vila Joiosa y cuyos administradores eran el matrimonio acusado.
La empresa tenía alquilada una nave industrial en la partida Torres de La Vila. La Fiscalía sostiene que oficialmente las instalaciones se usaban como un guardamuebles pero entre sus cometidos también se encontraba el almacenaje de sustancias estupefacientes y posterior distribución.
La Guardia Civil practicó un registro en la nave justo en el momento en el que estaba preparado el envío de un nuevo camión. En el registro se encontraron en la nave cien fardos de hachís con un total de 2.911 kilos de peso y que podría haber alcanzado en el mercado un valor superior a los cuatro millones de euros.
La justicia alemana ya juzgó las casi nueve toneladas de hachís que se intervinieron en su territorio y en el juicio de ayer a los acusados se les imputaba las cerca de tres toneladas de La Vila Joiosa. La Fiscalía reclama para los acusados una pena de cinco años de prisión por un delito contra la salud pública, así como el pago de una multa por el importe que la droga habría podido alcanzar en el mercado.
