La junta de fiscales de Alicante se adhirió ayer a las críticas del Consejo Fiscal y de las asociaciones a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entrará en vigor el próximo 6 de diciembre. «Nos parece una buena Ley y vamos a hacer todo lo que podamos para que se aplique, pero va a haber serias dificultades para hacerlo por las limitaciones de la plantilla actual», explicó el fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa. Además con el añadido de la entrada en vigor de otras reformas, como la Ley de Jurisdicción Voluntaria en el ámbito civil, que va a suponer que los fiscales tengan que asistir a más de 4.000 vistas al año en la provincia a las que hasta ahora no tenían obligación de ir.
La entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que partir del 6 de diciembre les va a obligar a revisar más de 17.000 causas en el plazo de seis meses. Éste es el plazo que se da en el nuevo texto a las investigaciones judiciales, aunque en el caso de las causas que sean consideradas complejas puede ser de 18. Los fiscales han empezado a pedir todas las cuasas abiertas que tienen en sus juzgados para decidir cuáles pueden ser consideradas complejas, el estado en que se encuentra la investigación y si procede la solicitud de una prórroga. El fiscal jefe de Alicante señaló que se está estudiando liberar de la asistencia a juicios a los fiscales asignados a los juzgados con mayores retrasos, a fin de que tengan tiempo suficiente para estudiar todas las causas pendientes.
Un total de 42 fiscales tienen que atender a más de 70 órganos judiciales de las demarcaciones de Alicante, San Vicente, Elda y Novelda. «Hay fiscales que en una misma mañana han tenido juicios en cuatro juzgados diferentes», aseguró Rabasa. Situación a la que se añaden otras complicaciones como las dificultades para poder hacer las comparecencias por videoconferencia, o el hecho de no tener acceso a las grabaciones de las declaraciones en los juzgados, ni cds para poder hacerse una copia.
Para poder asumir todo el aumento de la carga de trabajo de todas las reformas legales que han entrado en vigor en los últimos meses, las estimaciones de la Fiscalía es que sería necesario aumentar la plantilla en una cuarta parta de los cerca de 100 fiscales que hay repartidos en los juzgados de toda la provincia. «Nosotros vamos a cumplir la Ley como es nuestra obligación pero llegaremos hasta donde lleguemos», señaló Jorge Rabasa.
Anuncio de juzgados
Por otro lado, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, anunció ayer en el Pleno de las Cortes la puesta en marcha en 2016 de diez nuevos órganos judiciales en la Comunidad Valenciana, si su creación es finalmente aprobada por el Ministerio de Justicia, informó Efe. El proyecto de Ley de Presupuestos que tramitan las Cortes incluye partidas para crearlos. Gabriela Bravo indicó que la conselleria se ha marcado una hoja de ruta que contempla que cinco juzgados estén en funcionamiento el primer semestre de 2016 y otros cinco a lo largo del segundo. Para ello, el lunes, en una reunión con responsables del CGPJ y del Ministerio de Justicia, se cerró ya un preacuerdo para poner en marcha los nuevos órganos. De ellos, para la provincia son el juzgado 4 de La Vila- Joiosa; el 4 de Novelda; Primera Instancia 7 de Elche; 6. Creación del Registro Civil Único de Elche; Social 2 de Benidorm; Penal 4 de Orihuela (con sede en Torrevieja; Penal 9 de Alicante.
