Las diferencias idiomáticas entre el holandés y el neerlandés estuvieron ayer a punto de llevar al traste un juicio por estafa celebrado en la Audiencia de Alicante, en el que uno de los testigos clave declaraba por videoconferencia desde Holanda. Un intérprete de holandés desde la sala de vistas de la Sección Tercera se encargaba de ir traduciendo al español las palabras del compareciente.

Para sorpresa de toda la sala, el testigo aseguró en mitad del interrogatorio que el traductor no estaba reflejando bien sus palabras y exigió que le pusieran a otro de neerlandés, que era su lengua natal. Ante esta postura, el fiscal le advirtió de que como testigo tenía la obligación de declarar y en caso de no hacerlo podría ser imputado por un delito contra la Administración de Justicia. Para templar ánimos se intentó retomar la declaración con un intérprete de inglés pero el testigo tampoco quedó satisfecho y reivindicó su derecho a expresarse en su lengua natal. Finalmente fue el tribunal holandés desde el que estaba compareciendo quien aportó un intérprete de neerlandés que tradujo las palabras del testigo al español.

En el banquillo se sentaban dos empresarios de nacionalidad alemana a quienes se les acusaba de haberse quedado con 160.000 euros procedentes de la venta de una parcela en Altea en el año 2005. El fiscal considera que los dos acusados aprovecharon un poder notarial que tenían de una socia de la mercantil para proceder a la venta de dos fincas por las que recibieron un cheque de 160.000 euros. Los acusados hicieron efectivo el cheque sin abonar nada a la socia por la operación, motivo por el que les denunció en el juzgado. El fiscal pedía inicialmente una pena de tres años y cinco meses por un delito de apropiación indebida, cifra que rebajó a años y dos meses de cárcel al entender que había dilaciones indebidas, ya que los hechos enjuiciados ocurrieron hace más de diez años. Hasta ahora el juicio había sido señalado hasta cinco veces en la Audiencia.