El expresidente de Afinsa Juan Antonio Cano declaró ayer en la primera jornada del juicio por la estafa filatélica que la actividad que desarrollaba era legal y que el motivo que la llevó «a pique» fue su intervención en mayo de 2006, ya que hasta entonces era solvente. A lo largo de las tres horas que ha durado su declaración frente a la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que proseguirá hoy, Cano se defendió de las acusaciones de estafa, insolvencia punible y falseamiento de cuentas que le atribuye el fiscal Alejandro Luzón, argumentando que «Afinsa nunca vendió filatelia que previamente no tuviese en sus stocks». Mientras, un centenar de afectados se manifestaron a la entrada del edificio para reclamar justicia para las 190.000 familias perjudicadas por el presunto fraude que valoran en 2.000 millones de euros.

Anticorrupción sostiene que entre 1996 y 1998, el 64,5 % de los contratos carecía de los sellos físicos, por lo que considera que la intención de la empresa era «la captación de ahorros de forma masiva» y no un negocio filatélico. Pero el expresidente insistió varias veces en que la actividad de Afinsa «no era un negocio de inversión financiero», puesto que se trataba de un sistema de compraventa de sellos y, por lo tanto, no cabría hablar de «rentabilidades», sino de valor de mercado. Sin embargo, reconoció que en los contratos de compraventa de sellos, el valor de éstos se fijaba «a través de listas internas» y no según el valor de mercado del catálogo, y que la revalorización se calculaba «de acuerdo a criterios internos y de mercado». Asimismo, admitió que sus comerciales no eran «expertos ni entendidos» en sellos porque «no vendían filatelia, sino un servicio que en la base tenía filatelia».

La Fiscalía pide provisionalmente 19 años de prisión para Cano y estima que en el mandato de venta de los sellos no se especificaba su valor ni la evolución de su revalorización y que no existía mediación en la compraventa, puesto que los activos no estaban especificados, sino clasificados en lotes. Así, cree que la estructura del negocio suponía que «primero se captaban los fondos y posteriormente se adaptaba el producto a las operaciones», cuando debería ser al contrario.

Por el contrario, Cano consideró que «Afinsa era perfectamente solvente en la fecha de su intervención» y que fue esta intervención, el 9 de mayo de 2006, la que llevó «a pique» a la compañía.

En ese momento, varios de los afectados por el fraude que abarrotaban la sala de vistas empezaron a increparle, por lo que la presidenta del tribunal, Manuela Fernández de Prado, tuvo que llamarles al orden. La vista, que está señalada hasta al menos principios del próximo año, se reanudará hoy para continuar con la declaración de Cano, que será interrogado por las acusaciones particulares.

La Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas (Adicae), personada en la causa, manifestó a través de su presidente, Manuel Pardos, la certeza de que los acusados serán condenados y que «la declaración de Cano demuestra lo bien montada que estaba la estafa». Los otros acusados, que serán interrogados a lo largo de los próximos días, se enfrentan a penas de entre 19 y 2 años de prisión.