Piden 9 meses de cárcel a 42 acusados de cobrar 190.000 euros del paro con contratos falsos

Fliscalía solicita 2 años y 6 meses al titular de una empresa de Villena por contrataciones ficticias por dinero

14.11.2015 | 05:02

El fraude no es nuevo y raro es el mes que no se destapan irregularidades en el cobro de prestaciones de desempleo gracias a la tramitación de contratos falsos. La Fiscalía de Alicante acaba de solicitar la apertura de juicio oral por una de estas tramas, en la que figuran 42 acusados de falsedad por cobrar 190.000 euros del paro con contratos fraudulentos y otro procesado que es un empresario de Villena que, según el ministerio público, les cobraba a cambio de los contratos ficticios. Para los falsos trabajadores el fiscal solicitas penas de 9 meses de prisión para cada uno, mientras que el titular de la empresa se enfrenta a una petición de dos años y seis meses de cárcel por un delito de falsedad.

Según el escrito de acusación presentado en el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, la Policía descubrió en 2013 que una empresa de Villena se dedicó en 2011 a simular contratos falsos de trabajo que «en ningún caso amparaban una relación laboral con supuestos empleados». El objetivo de estos contratos falsos era «el acceso indebido a autorizaciones de residencia y trabajo a ciudadanos extranjeros», así como conseguir «de forma ilícita prestaciones y subsidios por desempleo», según el fiscal. Los supuestos trabajadores tenían que pagar diferentes cantidades al empresario a la hora de formalizar el contrato y la tramitación del alta en la Seguridad Social.

La empresa de Villena está en situación de anulación por empresa ficticia desde el 5 de noviembre de 2010 y desde el inicio de su actividad no había ingresado dinero, por lo que tenía una deuda de 185.939 euros con la Seguridad Social, según la Inspección Provincial de Trabajo. Además tenía otra deuda de 7.215 euros con la Tesorería General de la Seguridad Social.

La Fiscalía sostiene en su acusación que 42 acusados era conscientes de la ilegalidad y facilitaron sus datos personales al administrador de la empresa de Villena para lograr el alta en la Seguridad Social y cobrar luego las prestaciones por desempleo. Los acusados percibieron entre 2.130 euros el que menos cobró y 15.155 euros el que más dinero recibió.

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