El doble asesinato de Llíria del pasado domingo «se habría podido evitar si se hubiera suspendido el régimen de visitas o con la supervisión de éstas en un punto de encuentro». Así lo explica Violeta Assiego, investigadora, analista y abogada especialista en vulnerabilidad y Derechos Humanos. La situación que se crea cuando una mujer denuncia -o no- malos tratos por parte de su pareja se torna más compleja si cabe cuando hay menores fruto de la relación. Los jueces, quienes deciden las custodias de los menores, juegan un papel muy importante. «Permitir un régimen de visitas no sólo pone en riesgo la vida de los niños, sino también la de la madre, como se ha comprobado en el caso de Llíria», señala la investigadora.
Assiego añade que sólo el 3% de los casos de violencia machista acaba en suspensión del régimen de visitas. O lo que es lo mismo, que el 97% de los maltratadores continúan pudiendo ver y mantener contacto con sus hijos. De hecho, en muchas ocasiones los niños son testigos directos de esta violencia, como en el caso de Llíria, en el que el pequeño, de solo tres años, vio cómo su padre descerrajaba varios tiros a bocajarro a su madre y a su abuela.
En concreto, el 66% de las mujeres víctimas de violencia machista dicen que sus hijos han presenciado el maltrato, según datos de la macroencuesta del Ministerio de Sanidad.
La investigadora, que ayer impartió la conferencia «Agredir a las mujeres con lo que más les duele -sus hijas e hijos-, también es violencia de género» en el marco del VI Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, celebrado en Sevilla, indica que «44 menores han sido asesinados en la última década por sus padres, 26 de ellos durante el régimen de visitas». Desde 2013, más de 120 niños se han quedado huérfanos.
Según datos del CIS, en 2011 más de medio millón de niños sufrieron maltrato en los casos de violencia machista. La ley de Infancia y el Estatuto de la Víctima, aprobado hace pocas semanas, reconocen a los hijos de mujeres víctimas de violencia de género también como víctimas. «Eso significa que desde ya los menores deben ser escuchados en los procesos antes de poner ninguna medida».
«¿Ser el padre lo es todo?»
«¿Se puede aplicar los mismos criterios de un régimen de visitas de una separación matrimonial a una por violencia de género?», se pregunta Assiego. «Al igual que no es oportuno suspender automáticamente el régimen de visitas tampoco lo es mantenerlo simplemente porque son padre e hijo», señala. Son los jueces los que deciden en base al interés del menor. «Y ahí ya es donde entran los estereotipos», lamenta.
En la coyuntura actual, la mayoría de las autoridades judiciales, a tenor de ese 97%, cree positivo mantener la relación solo por ser padre e hijo, «sin valorar si eso es bueno para el niño o si se pone en riesgo la vida de la madre o la del propio niño», explica Assiego.
«Lo que hay que preguntarse es si es buen padre un hombre que maltrata a la madre de su hijo en presencia de este. Un padre que la humilla, la insulta, la somete. ¿Es eso positivo para el desarrollo del menor o simplemente hay que mantener esa referencia afectiva porque sí?», se cuestiona la investigadora.
La analista sostiene que aprovechando que ahora los menores son víctimas con identidad propia «debería revisarse el modo en que se fijan las visitas y la custodia», para evitar que casos como el de Llíria puedan volver a repetirse. A su vez, hace un llamamiento para que la intervención con estos menores sea más rápida y eficaz.
