El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Colegio de Abogados de Alicante (Icali) han firmado un convenio por el que se pondrá en marcha en la provincia un plan piloto para la implantación de la mediación penal, según anunció ayer el decano del Icali, Fernando Candela. El programa se va a poner en marcha de manera experimental en tres provincias españoles y el Colegio de Abogados de Alicante ya cuenta con un listado de cincuenta letrados especializados en mediación y que negociarán un acuerdo entre todas las partes antes del juicio. Los delitos que se incluirían en este programa serían hurtos, estafas, accidentes de tráfico por imprudencia, entre otros asuntos y se descartan expresamente los crímenes de violencia de género y aquellos que sean considerados graves. El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, estimó que los juzgados podrían liberarse de cerca de 15.000 asuntos al año si la mediación penal llegara a funcionar.
El convenio fue presentado ayer en el Colegio de Abogados de Alicante, en un acto al que asistieron el decano, Fernando Candela, el presidente de la Audiencia, Vicente Magro, el fiscal jefe, Jorge Rabasa; los diputados de la junta del Icali, Catalina Alcázar y Miguel Ángel Martínez, así como el responsable de la sección de mediación, Alberto Díez, presidenta de la sección penal del colegio, Natalia Facorro.
El nuevo protocolo se enviará a todos los juzgados de la provincia para que los jueces seleccionen aquellos asuntos que sean susceptibles de un acuerdo y se remitan a la mediación, donde los abogados tratarían de negociar un acuerdo entre las partes. Este proceso de mediación se desarrollaría por letrados especializados y que no serían los mismos que representan a las partes. Desde el Colegio se incidió en que mediante esta vía se podría cerrar un acuerdo en el plazo de tres meses, Vicente Magro destacó que el sistema ofrece la ventaja de evitar un pleito largo poniendo al perjudicado la posibilidad de ser resarcido y al procesado la de atenuar su condena.
El único aspecto que no está claro aún es cómo se financiará el sistema, que en teoría dependerá de la administración autonómica y no ha participado en la negociación del convenio. Fernando Candela apuntó la posibilidad de que la mediación se pudiera integrar dentro de las retribuciones del turno de oficio.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entrará en vigor el 6 de diciembre, pondrá un límite de seis meses a las investigaciones simples de asuntos judiciales, pero también apuesta por fomentar este tipo de acuerdos y abre la posibilidad a de que los asuntos se puedan terminar por decreto una vez que se encuentre una solución satisfactoria para todos.
