El Tribunal Supremo ha ordenado a un juzgado de Alicante que asuma la investigación contra una trama empresarial que estafó supuestamente a comercios y particulares de al menos 16 provincias españolas al venderles vehículos eléctricos manipulados para hacerlos pasar por los de otro fabricante.
Así se establece en un auto del magistrado de la Sala de lo Penal del alto tribunal Andrés Martínez Arrieta, al que ha tenido acceso EFE y en el que se establece que las diligencias por este supuesto fraude son competencia del Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante, no del de Instrucción 3 de Ávila, al que el anterior había remitido la causa.
La investigación, que se inició a finales de 2013 por delitos de estafa, falsedad y contra la propiedad industrial, se centra en el presunto fraude cometido por una empresa con sede en Alicante que habría falsificado alrededor de 300 vehículos eléctricos, bicicletas y motocicletas en su mayoría.
Los sospechosos habrían alterado las marcas, los números de bastidor y otras características de los vehículos para venderlos después en ciudades de al menos 16 provincias del País Vasco, Cataluña, Castilla-León, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Baleares como si fueran de otro fabricante.
La distribuidora de la marca oficial, radicada en Ávila, denunció entonces los hechos y unos meses más tarde la Guardia Civil detuvo en Alicante a los presuntos responsables de la presunta estafa, M.M.M. y J.M.B., de 34 y 50 años, respectivamente, en el transcurso de la denominada 'Operación Tamuja'.
Tal y como informó en su día el instituto armado, los sospechosos podrían haber obtenido unos beneficios ilegales superiores al millón de euros con su actividad, que consistía en importar vehículos en China y manipularlos para hacerlos pasar por los de la empresa que tiene los derechos para fabricarlos en ese país.
Los agentes registraron una nave industrial en Alicante, en la que descubrieron una cabina de pintura rudimentaria, construida con planchas de cartón y recubierta de plástico, donde, al parecer, se repintaban los vehículos falsificados.
La investigación conllevó la inspección de 23 concesionarios y comercios que vendían estas bicicletas y motocicletas en distintas partes de España, el decomiso de 298 de estos vehículos falsos y el interrogatorio de 19 particulares que habían resultado estafados. En su auto, fechado el pasado 1 de octubre, el Supremo dictamina que la competencia sobre estas diligencias debe recaer en el juzgado de Instrucción 2 de Alicante porque es en esta ciudad donde residen los presuntos culpables y donde se ubica la sede social de las empresas desde las que se cometió presuntamente el fraude.
El magistrado Martínez Arrieta recuerda también que fue Alicante donde se produjo "la puesta en escena de la supuesta defraudación", con la firma de los contratos de ventas y la ciudad en la que están domiciliadas las cuentas corrientes en las que los perjudicados ingresaban el dinero y en la que los investigadores se incautaron del grueso de las pruebas.
