Un juez de Alicante ha procesado a 44 personas por su presunta pertenencia a una trama para obtener de manera fraudulenta prestaciones de la Seguridad Social, según el auto judicial al que ha tenido acceso este diario. La cuantía del presunto fraude supera los 300.000 euros entre las cantidades que el empresario investigado dejó de pagar al Estado y las prestaciones percibidas indebidamente. El juez concluye que la empresa investigada era una mercantil fantasma y sin actividad que en el plazo de un año llegó a tener dados de alta a 155 personas diferentes. Estos trabajadores pagarían al presunto cabecilla de la trama para poder optar a prestaciones por desempleo o conseguir autorizaciones de residencia en España.
El juzgado de Instrucción número cinco de Alicante ha dado por finalizada la instrucción con este paso y ahora las partes deberán presentar los escritos en los que concreten las penas que solicitarán a cada imputado. El magistrado instructor Manrique Tejada ve indicios de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental y estafa por parte del presunto cabecilla de la trama. Asimismo procesa a otros 43 de los presuntos trabajadores por delitos de falsedad documental. En el mismo auto, el juez cierra la causa para otros tres de los implicados al no considerar acreditado que hayan cometido los delitos que se les imputaban.
La investigación policial se remonta al octubre de 2013 después de que la Policía recibiera informaciones sobre el presunto cabecilla de la trama y que apuntaba a podría tener una empresa ficticia dedicada a la venta de contratos de trabajo para que los presuntos «trabajadores» cotizasen en el Régimen General de la Seguridad Social «a sabiendas de que en ningún momento se establecería una relación laboral real». Estos supuestos empleados perseguían obtener prestaciones por desempleo de manera fraudulenta y, en el caso de ciudadanos extranjeros, conseguir permiso de residencia en España. La trama captaba a personas en precaria situación económica, sobre todo en situación de desempleo y que no reunían los periodos mínimos para acceder a las prestaciones por desempleo. La trama les daba de alta en la Seguridad Social a cambio de diferentes cantidades de dinero que se solían abonar en el mismo momento del contrato. El importe de las cuotas a la Seguridad Social entregados por los trabajadores, no llegaba al Estado dado que se las apropiaba el empresario.
El juez concluye en el auto que el principal imputado tenía su empresa sin trabajadores desde el 19 de julio de 2011 y generó una deuda con la Seguridad Social con posterioridad de 185.939 euros. En el plazo de un año, llegó a tener dados de alta hasta a 155 trabajadores «existiendo indicios racionales que apuntan a que dicha alta era resultado de las distintas cantidades de dinero que estos trabajadores le entregaban». Según el auto del juez, el Servicio Público de Empleo ha evaluado en 147.894 euros el dinero percibido en prestaciones. El juez dice que el principal imputado usaba contratos falsos para lograr sus fines a través de otras empresas tapadera en las que éste figuraba como administrador único.
