La sección décima de la Audiencia de Alicante juzgará, entre el miércoles y el jueves de la próxima semana, a un funcionario del Ayuntamiento de Aspe acusado de sustraer a las arcas municipales 23.000 euros que habían sido pagados por empresarios y vecinos de esta localidad en concepto de licencias.
La fiscalía solicita en sus conclusiones provisionales para el procesado una pena de seis años de cárcel, multa de 6.480 euros e inhabilitación para el ejercicio de cargo público durante cinco años y medio.
El juicio por estos hechos se señaló inicialmente para el pasado mes de junio, aunque el tribunal decretó la suspensión después de que el acusado hubiera renunciado a su abogado de oficio.
El funcionario encausado era el encargado de tramitar las licencias urbanísticas de Aspe por obra mayor y actividades y de realizar las liquidaciones por el pago de tasas e impuestos, aunque fue apartado de sus funciones tras descubrirse el presunto fraude y ahora desempeña labores de bedel. Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio público, al que ha tenido acceso EFE, entre 2007 y 2009 se aprovechó de la «situación y credibilidad que le daba su condición» de empleado público para elaborar decretos y acuerdos de junta de gobierno falsos y hacer suyas diversas cantidades pagadas por licencias de obra y actividad.
En 2008, por ejemplo, elaboró supuestamente un decreto municipal falso en el que estampó la firma del secretario del Consistorio para ingresar en su patrimonio 1.089 euros correspondientes a una tasa por la prórroga del inicio de unas obras en un polígono de la localidad. Al año siguiente, en junio, se quedó con los 20.049 euros que había abonado otro empresario en un sobre como pago de la licencia para construir una nave industrial en otro polígono, después de rectificar otro documento en el que figuraba un importe cercano a 57.000 euros cuando el contribuyente le advirtió de que éste era excesivo, siempre según la fiscalía. Fue precisamente este perjudicado quien destapó las irregularidades cuando el Ayuntamiento le informó de que la licencia que había solicitado había prescrito por no pagar la correspondiente tasa. A continuación, las autoridades municipales descubrieron que había medio centenar de expedientes en una situación similar.
El funcionario, que está acusado de delitos continuados de falsedad en documento público y estafa, será juzgado también por apropiarse presuntamente de 482 euros correspondientes a la licencia para un almacén agrícola y 1.350 para las obras de un restaurante de comida china.
Para cometer los desfalcos que se le atribuyen, estampó, supuestamente en diversos documentos de forma ilegal, la firma del secretario municipal y del teniente de alcalde de Aspe en esa época, al tiempo que elaboró varias resoluciones falsas de comisiones municipales, juntas de gobierno o decretos.
En la vista oral deberán comparecer como testigos los perjudicados, la exalcaldesa de Aspe María Nieves Martínez (PP), el entonces secretario de la Corporación, el exteniente de alcalde y entonces edil de Urbanismo Teógenes Barrios y numerosos funcionarios municipales.
