La Audiencia de Alicante cerró ayer una estafa piramidal a más de 200 perjudicados sentando en el banquillo a la última de los acusados. Adriana Mihaela M., que era la pareja sentimental del cerebro de la trama, no pudo ser juzgada en su día junto a los otros dos acusados porque estaba huida de la Justicia. Sin embargo, a finales del año pasado, pudo ser localizada y detenida y ayer se sentó en el banquillo de la Audiencia. La Fiscalía y la defensa cerraron un pacto ayer por el que la acusada aceptó una condena de dos años de prisión por estos hechos, así como una multa de siete meses con una cuota diaria de seis euros (1.260 euros).

Constantin T. , presunto cerebro de la estafa, se declaró culpable por estos hechos en el juicio celebrado hace poco más de un año y aceptó una condena de tres años y medio de cárcel por estos hechos. El otro procesado era un directivo de la empresa, Jorge B. P., que se desvinculó totalmente de los hechos y alegó que era in empleado y que fue condenado a una pena de dos años de cárcel en el anterior juicio. Sólo Adriana Mihaela M. estaba sin juzgar por estos hechos. La Policía la detuvo a mediados del pasado de diciembre en Elche. La mujer había alegado que tenía fijado ahora su domicilio en Londres, donde ha establecido su nueva actividad profesional pero se comprometía a presentarse al juicio cuando se pusiera fecha. Antes del acuerdo, la Fiscalía pedía seis años para ella.

Los hechos se remontan a mediados de junio de 2012 poco después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores alertara de que la empresa de los acusados, Global Plus, no estaba autorizada para operar en el sector financiero. Los responsables de la mercantil prometían a sus clientes pagar unos intereses del 25% por el dinero invertido en tan sólo 40 días y sin riesgo alguno. Sin embargo, el dinero que aportaban los clientes servía para pagar a quienes lo habían hecho poco antes, sin realizar inversiones reales.

En cuanto cayeron los ingresos, se vino abajo toda la estructura del chiringuito financiero. Con la promesa de beneficios rápidos, lograron captar el dinero de centenares de inversores.

En la causa había personados más de 200 afectados pendientes de cobrar cerca de 400.000 euros que perdieron con la estafa. Tan sólo dos perjudicados continuaban personados como acusaciones en este proceso,

El ministerio público aprovechó la nueva vista de ayer para solicitar de nuevo que la aseguradora con la que los acusados tenían concertada una póliza de responsabilidad civil tuviera que asumir las indemnizaciones a los perjudicados. La Audiencia de Alicante denegó esta solicitud en el juicio anterior. Ayer la aseguradora pidió al tribunal que denegara la petición de las acusaciones y reiteró que los procesados paguen a los perjudicados de su propio bolsillo.