La Audiencia Provincial ha confirmado la condena a una menor embarazada por ocupar una vivienda vacía en Alicante propiedad de una entidad bancaria., según la sentencia hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. La joven, en compañía de su pareja sentimental, forzó la cerradura del inmueble y colocó una nueva para instalarse a vivir en ella. La sentencia del juzgado de Menores, ahora confirmada por la Audiencia, la imponía una pena de cinco meses de tareas socio-educativas dirigidas «a la orientación en labores de crianza y a mejorar su formación de cara a una futura inserción laboral» por un delito de usurpación de vivienda en grado de tentativa. Asimismo condenaba a la joven y a su madre, como responsable legal de ésta, a pagar 193,60 euros por los daños causados en el piso.

Los hechos ocurrieron el 4 de marzo de 2014 cuando la joven, embarazada de siete meses, y su pareja, que es mayor de edad, entraron en la vivienda tras violentar la cerradura y colocar una nueva, según declara probado el fallo. La menor residía con su madre y sus hermanos en una vivienda de alquilar de deficientes condiciones de habitabilidad debido a su estado de deterioro, por lo que se encontraba en una situación de alto grado de precariedad económica y social.

La defensa de la menor recurrió la sentencia ante la Audiencia alegando que no había pruebas suficientes contra ella para justificar la condena. La joven adujo que la cerradura ya estaba cambiada y que fue una tercera persona les pidió ayuda a cambio de veinte euros y que les dijo que esperaran en la casa, cuando acabaron siendo sorprendidos por la Policía. Sin embargo, la Audiencia señala que la primera sentencia recoge suficientes indicios contra ella y por tanto no pueden revocarla.

En este sentido, recuerdan que los vecinos avisaron a la Policía de que unas personas estaban intentando entrar en la casa y, al llegar a los agentes, sorprendieron a la pareja dentro de la vivienda. «El acompañante de la menor lleva un destornillador en la mano y otro en el bolsillo. En la casa hay muebles apilados cuya procedencia se ignora, pues no pertenecen a los propietarios (y los imputados niegan que sean suyos)».

El fallo argumenta que al haber llamado los vecinos a la Policía cuando estaban forzando la cerradura, «se desprende que fueron ellos los que la forzaron o estaban presentes». La juez concluía que ante la falta de pruebas de que la intención era robar en la pareja y descartado el favor a un amigo, del que no saben dar ningún dato, la alternativa más favorable es que la verdadera intención era la de ocupar el inmueble, unas conclusiones que ha respaldado la Audiencia al confirmar el fallo.