Tres días de juicio para resolver el presunto fraude fiscal de Hansa. El promotor Enrique Ortiz y otros cinco empresarios más se sentarán en el banquillo los próximos días 19, 20 y 21 de enero de 2016 acusados de haber perpetrado un fraude a la Hacienda Pública valorado en seis millones de euros. Además de Ortiz, los otros cinco acusados son Rafael Galea y Miguel Ballestar de Hansa, así como Miguel Carratalá, Vicente Pérez Cañas y Aurelio González Villarejo. La Fiscalía pide para cada uno de ellos penas que suman cuatros años y medio y una multa de diez millones por delitos de fraude fiscal y falsedad documental.
El juzgado de lo Penal ya ha notificado a los acusados la fecha del juicio para que se presenten en los días de vistas señalados dentro de cuatro meses. El empresario Enrique Ortiz está considerado uno de los cabecillas del llamado caso Brugal, donde aparece imputado en tres de las piezas separadas que salieron de este proceso: las presuntas irregularidades en la tramitación para ubicar el suelo del vertedero de la Vega Baja; las supuestas filtraciones sobre el futuro planeamiento urbanístico de Alicante; y, la más reciente, la investigación del macroplan urbanístico de Rabasa.
Los hechos se remontan al 20 de octubre de 2005, fecha en la que se formalizaron dos contratos de arrendamientos de nueve fincas rústicas en la Playa de San Juan de Alicante, por los que Hansa Urbana los alquilaba a las entidades Construcciones Villarejo y Obras Asfálticas y Construcciones por un periodo de cinco años por el mismo precio en las dos operaciones de 1,5 millones de euros, más 24.000 de IVA cada uno. Las cláusulas de ambos documentos eran idénticas y prohibían expresamente las actividades agrícolas. El contrato podía ser resuelto en el momento en que las fincas fueran convertidas en suelo urbanizable.
El ministerio público considera que los contratos no obedecían a la realidad, dado que a pesar de que se pagaron las cantidades estipuladas nunca fueron usados por los arrendatarios. Según el fiscal, los contratos se confeccionaron y simularon con la finalidad de obtener el amparo documental pertinente para poder luego incumplir (todas las sociedades que intervenían) determinadas obligaciones tributarias incumplir en los respectivos impuestos, obteniendo beneficios y ventajas a los que no tenían derecho. Según el escrito de acusación, el dinero pagado por el alquiler era un anticipo por una posterior operación mercantil de compra del suelo. Las dos empresas manifestaron que el uso que le iban a dar a los terrenos arrendados era el de almacén para maquinaria y material de obras y según el fiscal no consta que ese suelo se utilizara. Las fincas fueron compradas por Enrique Ortiz a través de Viviendas del Mediterráneo Orvi por cerca de 37 millones de euros, seis meses después de la firma del alquiler.
El fiscal sostiene que simulando el alquiler, Hansa Urbana se aplicó una deducción por reinversión de beneficios extraordinarios de 6.015.247 euros que no le correspondía; mientras que los arrendatarios se aplicaron deducciones indebidas del IVA y del Impuesto de Sociedades aunque, en este último apartado, no hubo un perjuicio económico real para el erario público, concluye.
