Lo que en principio sólo iba a ser una visita de cortesía de la nueva consellera de Justicia, Gabriela Bravo, a Alicante se convirtió ayer para la exportavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el «descubrimiento» del Palacio de Justicia de Benalúa, unas instalaciones que tachó de «indignas» y a las que definió como un «gueto».«indignas»
Acompañada del secretario autonómico y de las directoras general y territorial de Justicia se reunió en la Audiencia con el presidente, Vicente Magro, con el fiscal jefe, Jorge Rabasa, y con el decano de Benalúa, Salvador Bellmont, quienes le insistieron en que no se podía marchar de Alicante sin pasarse antes por el Palacio de Justicia. Así lo hizo la consellera, quien aseguró a este diario que se había quedado «impactada» por las condiciones en las que se estaba trabajando en ese inmueble. Unas condiciones, precisó, que «no sólo no cumplen con los mínimos requisitos de salubridad sino que incluso atentan contra los derechos constitucionales de los trabajadores».
Bravo, quien presidió la Unión Progresista de Fiscales un año y fue vocal y portavoz del CGPJ durante cinco, admitió que nunca había pisado ni los juzgados ni las instalaciones que la Fiscalía tiene en el Palacio de Benalúa, las que más le impactaron. «¡No he visto nunca una cosa así!», dijo Bravo, quien consideró «prioritario buscar una solución para este edificio», para el que está aprobado en estos momento el inicio de unos pequeños trabajos de mejora que la anterior administración cifró en 20 millones una vez finalizado todo el proyecto.
La consellera aseguró no entender cómo Justicia había acometido grandes obras en la Comunidad sin darle prioridad a los juzgados de Benalúa, «la peor sede judicial que he visto», apostilló. Bravo insistió en la urgencia de darle una solución «por la dignidad de los trabajadores».
Recuperar juzgados
Antes del impacto que le provocó su recurrido por el Palacio de Justicia, donde, como es el caso de la Fiscalía, hay pasillos que se han tenido que habilitar como lugares de trabajo por falta de espacio, la titular de Justicia manifestó su intención de recuperar en un plazo de dos años los 15 juzgados que en 2010 quedaron paralizados por falta de fondos autonómicos.
Tras destacar la elevada actividad judicial que registra esta provincia, Bravo avanzó que éste será uno de los temas que aborde en la reunión que hoy tiene prevista con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pero que no se podía comprometer en el plazo para poner en marcha estos departamentos «porque de todos son conocidas las dificultades económicas de la Generalitat y dependemos de que el señor Montoro nos ayude. Todos nuestros problemas proceden de la mala financiación», afirmó.
Magro, quien calificó de «varapalo tremendo» la paralización de los juzgados a cuya recuperación se refirió la consellera, se quejó de que la provincia haya sido «la gran olvidada» en cuestiones de Justicia cuando la Audiencia viene celebrando una media de un centenar de macrojuicios (con más de cinco acusados) al año.
