La Audiencia Provincial juzgará la próxima semana a cuatro policías locales de Altea por delitos de extorsión, detención ilegal, falsedad documental, lesiones y contra la integridad moral. Estos agentes se vieron implicados en la operación realizada por la Guardia Civil en 2010 por una presunta trama de extorsión en la Policía Local de Altea y el fiscal solicita en su escrito de conclusiones provisionales penas que suman 49 años y seis meses de prisión, así como una indemnización de 64.000 euros para la dueña de un bar, dinero del que hace responsable civil subsidiario al Ayuntamiento. Por su parte, las defensas de los cuatro agentes han solicitado la absolución.
Según el escrito de acusación del fiscal, el primero de los hechos ocurrió la madrugada del 9 de septiembre de 2005 en Altea, cuando dos policías locales se dirigieron de forma despectiva hacia una mujer que estaba dentro del coche de un hombre que acababa de pagarle 20 euros a cambios de «favores de naturaleza sexual». Los agentes, siempre según el fiscal, le exigieron que devolviera el dinero y al negarse la subieron al vehículo policial sin que concurriera causa legal para su detención. Al día siguiente estos mismos agentes presuntamente falsearon un atestado contra un conductor para «justificar u ocultar» un abuso de autoridad contra esta persona, a la que propinaron patadas y puñetazos, hechos que se declararon prescritos.
A principios de 2006, añade el fiscal, uno de los agentes anteriores llevó su moto a un taller de Altea y dejó a deber 36 euros. El dueño se los reclamó y durante 6 meses, cuando estaba de servicio, multaba a los vehículos relacionados con el taller que estaban mal estacionados. La última acusación se dirige contra cuatro policías por someter a un bar a un control permanente y no justificado, multando a los coches de la dueña, su hijo y clientes. El fiscal les acusa de extralimitarse en sus funciones con fines vengativos
