A poco más de 30 kilómetros de Valencia, en un municipio de apenas 3.000 habitantes, los golpes provocan eco. Serra se ha cerrado en su conmoción después de que el pasado domingo, Marcos Cabo, quien presuntamente acabó con la vida de su mujer, Dolores Moya, se suicidara en la cárcel de Picassent donde permanecía preso por orden judicial, acusado de asesinato.

El Ayuntamiento de esta localidad realizó ayer, más de diez días después de la violenta muerte de Moya, un pleno extraordinario y «urgente». Las banderas del consistorio ondeaban ayer a media asta (hecho que no ocurrió con la muerte de la exedil de Esquerra Unida). El pleno decretó un día de luto oficial «ante los hechos que se han ido aconteciendo desde el pasado 29 de julio, con el fallecimiento de la exedil Dolores Moya, y el hecho ocurrido ayer -por domingo-, en el que resultó el fallecimiento de su esposo y concejal electo en estas elecciones locales de 2015, Marcos Cabo, los dos miembros del grupo político municipal de Esquerra Unida de esta corporación». En una moción conjunta y aprobada por unanimidad, el pleno acordó además mostrar la «condolencia y solidaridad a la familia», a la que comunicó que se encuentran «a su disposición».

Sin embargo, a primera hora de la mañana la acuerdo sólo incluía el luto por el edil Cabo y no por la muerte de su mujer.

Sin minuto de silencio

El punto más polémico del acuerdo fue el último, en el que el consistorio estableció que no iba a manifestar «ningún pronunciamiento» respecto al caso y al auto de prisión dictado por la juez de Llíria, quien consideró que había indicios suficientes para enviar a prisión preventiva y con cargos de asesinato al marido de Dolores Moya.

El ayuntamiento decidió que «hasta que no se abra el secreto sumarial» no iban a condenar lo que a ojos de otras instituciones, como la Generalitat, es un caso de violencia machista. «Pido respeto, estoy consternado», señaló el alcalde, Javier Arnal. «No queremos apresurarnos. Eran nuestros vecinos. Las cosas se ven diferentes cuando las tienes tan cerca. Este es un pueblo muy pequeño y no queremos herir a nadie», dijo, en referencia a los hijos de la pareja, dos de ellos ya mayores de edad. En este sentido, preguntado sobre el minuto de silencio que finalmente el consistorio no llevó a cabo, explicó que «cada administración tiene libertad para decretar lo que considere» y que «hasta que no haya una sentencia culpatoria» no van a pronunciarse.

«Se le ha juzgado sin juicio y no ha podido soportarlo», contaba una vecina de la localidad. «Ahora nunca sabremos la verdad», añadía otra. «No está nada claro, que continúen investigando», arremetía una tercera a las puertas de una farmacia desde donde se observa la vivienda calcinada en la que falleció Moya, madre de cuatro hijos.

«El pueblo está consternado, y a la vez, dividido», explica otro residente. Hay quien sostiene que Marcos Cabo terminó con su vida al no soportar el escarnio público, pero que era inocente. «Nadie sabe lo que pasa de puertas para adentro de una casa», sentencia una residente. Lo cierto es que buena parte de los vecinos no quiere creer en la responsabilidad de Cabo en el asunto y responsabilizan a agentes externos como la Guardia Civil, la jueza, o la prensa, de que el regidor de esta localidad decidiera suicidarse.

Por otro lado, se encuentran los que directamente no quieren hablar del tema, porque no se lo creen. «Esto es muy duro», se limitan a decir.