Un extesorero del Ayuntamiento de Muro ha aceptado una pena de dos años de cárcel e inhabilitación de dos años y diez meses al declararse culpable de un delito de malversación de caudales públicos por desviar a cuentas bancarias bajo su control 41.085 euros de dinero público, una cantidad que ya ha devuelto. Así consta en un acuerdo alcanzado por la fiscalía, la defensa del funcionario y la acusación particular, que ejerce el Consistorio, que debe ser refrendado la próxima semana por todas las partes personadas en el proceso, lo que evitará que haya de celebrarse un juicio con jurado en la Audiencia Provincial.

El ministerio público ha elevado a la institución judicial un escrito de conclusiones provisionales al que se han adherido tanto la Corporación municipal como el procesado en virtud del protocolo de conformidades suscrito entre la fiscalía y los colegios de abogados de la provincia en 2010.

En dicho documento se relata que el procesado, José Francisco F.G., se prevalió de su cargo de tesorero municipal en mayo de 2012 para emitir una orden de pago por la que desvió a una cuenta bancaria particular 21.085 euros que el Ayuntamiento debía abonar a Suma, la entidad de recaudación fiscal dependiente de la Diputación. Para ello, cambió en el programa informático al uso un código que estipulaba que el pago de la citada cantidad debía hacerse por «compensación», lo que implicaba que no había una salida material de dinero sino que se reflejaba como un simple apunte contable, y lo sustituyó por otro que amparaba una transferencia bancaria.

Además, «para evitar ser descubierto, el acusado camufló dicha orden en una remesa de pagos ordinarios que debía hacer el Ayuntamiento a terceros por otros conceptos», según el escrito, de forma que logró introducir las claves del entonces alcalde y el interventor en el sistema para que el desfalco se hiciese efectivo. El 15 de enero de 2013 realizó otro mandamiento de pago a la sucursal bancaria con la que trabajaba el Consistorio para que ésta transfiriera otros 20.000 euros a la misma cuenta de la que él era titular «sin especificar finalidad ni concepto alguno».

El tesorero devolvió la primera suma después de que el departamento de Intervención lo descubriera, mientras que un mes después su padre transfirió a la cuenta municipal la segunda de las cantidades. El acuerdo entre las partes, que ha de ser confirmado, incluye la aplicación de la atenuante de reparación del daño para el funcionario que deja su condena en dos años, lo que le permitiría eludir el ingreso en prisión al carecer de antecedentes penales.