¿Con qué situación se ha encontrado?

La situación de los juzgados de Alicante es de necesidad. Si en tiempos de bonanza, ésta no era una de las áreas más mimadas; en tiempo de vacas flacas aún se ha acusado más la falta de debida atención a la Administración de Justicia en general, y a los juzgados de Alicante en particular. Tanto la administración central como la autonómica están en deuda con los juzgados de Alicante. Hay un hecho tan notorio como que ésta es la única capital de provincia de la Comunidad sin un Palacio de Justicia en condiciones. Hay tres juzgados desplazados fuera de la sede común, que está dividida en tres edificios diferentes. Además, uno de ellos es una antigua cárcel que requiere una remodelación urgente. Hemos tenido desprendimientos de fachada con riesgos para las personas y en los últimos días hasta problemas de ratas, aunque quizá aquí se deba al tema del calor. Todo acompañado de unas dependencias saturadas.

La nueva conseller de Justicia, Gabriela Bravo, cuando estaba en el Consejo General del Poder Judicial hablaba de que las instalaciones de Alicante eran indignas y pedía el traslado a una nueva sede, ¿le van a recordar esta promesa?

Tengo entendido que la reforma se va a llevar a cabo por zonas. Los juzgados afectados por las obras se desplazarán temporalmente a unos barracones, en lugar de otro edificio. Cómo se ejecute, será algo que dependerá de cuestiones técnicas. A fecha de hoy desconozco aún en qué estado está la pretendida reforma que hace mucho que se debería haber puesto en marcha. Cierto es que yo acabo de llegar y los nuevos responsables de la Conselleria, también. No ha habido margen todavía. Parece que hay una primera fase para acondicionar el exterior y luego pasar al interior.

¿Qué jurisdicción está más necesitada en estos momentos?

Hoy en día por niveles de entrada de asuntos, la totalidad de las jurisdicciones superan con amplio margen los módulos de trabajo que el propio Consejo General del Poder Judicial recomienda como máximos. El TSJ planteaba en su última memoria la creación de seis nuevos juzgados en Alicante como necesidades imperiosas y que deberían estar funcionando ya, sin demora. Parece ser que la futura reforma de la oficina judicial es la excusa que se está utilizando para no poner en marcha nuevos juzgados. Pero al final ni se crean, ni tampoco se aplica la pretendida reforma. Mientras las necesidades van en aumento, porque cada vez el volumen de trabajo es mucho mayor.

¿Qué piensa de los refuerzos realizados a través de jueces de adscripción territorial?

Se ha tratado de paliar la situación con esta figura y a mediados del año pasado se incorporaron seis a las jurisdicciones más necesitadas. Pero es una medida absolutamente insuficiente. Si las oficinas ya se encuentran saturadas con un solo juez y no se refuerzan de medios materiales ni de personal, ahora debe hacer que se ejecuten con las mismas personas la sentencias que dicten estos nuevos jueces de apoyo. Estos refuerzos no han servido por ejemplo para acortar plazos en el señalamiento de los juicios, con el riesgo de que los delitos prescriban. Es un paño caliente cuyo resultado ha sido indiferente.

¿Cómo se está viviendo la entrada en vigor del nuevo Código Penal?

En los juzgados de lo Penal, como se modifican penas y se tiene que aplicar la que sea más favorable al reo, desde el 1 de julio tienen que hacer una ingente labor de revisar una por una todas las ejecutorias de asuntos ya sentenciados, para ver si le afecta o no y se debe modificar. En los juzgado de Instrucción tienen tras la reforma más tipos penales para juzgar como delitos leves. No me consta que los juzgados hayan recibido información adicional que faciliten los criterios para aplicar lo aprobado. Se han hecho juntas sectoriales para anticipar problemas para que la transición se haga de la manera menos problemática posible y sin alterar el funcionamiento de los juzgados. Y si ya están saturados, es un trabajo añadido.

¿Qué piensa de limitar a seis meses el plazo para las investigaciones judiciales?

A mi se me antoja absolutamente insuficiente. He sido juez de Instrucción durante seis años y, desde mi experiencia, limitar a seis meses una investigación sin una correlativa dotación de medios personales y materiales para acortarle, me parece irrisorio. Si hace falta un informe de balística o una prueba de ADN de los que la Policía no va a tener resultados hasta dentro de ocho meses, ¿cómo se va a cerrar la instrucción sin ese informe que puede ser capital?

¿Ha limitado la Ley de Tasas el volumen de recursos contra las decisiones de la Administración?

Cuando se aprobó la Ley, en los juzgados de lo Contencioso se notó un descenso inicial en el número de asuntos. No sé si era la pretensión del legislador, pero sólo duró unos pocos meses. Luego se recuperó el volumen de asuntos de entrada y en 2014 se elevó el número de procedimientos registrados. Tampoco parece que el dinero llegara a la Justicia gratuita, como se pretendía. Unas tasas tan elevadas como las que inicialmente se impusieron consiguieron unos efectos más perniciosos que favorables.

¿Cómo ha sido el año judicial en el tiempo que llevamos?

Tanto en civil como en instrucción se ha incrementado la carga de trabajo. En Primera Instancia todo apunta a que acabaremos 2015 con 100 asuntos más por juzgado. Es algo inadmisible. En los penales parece haber bajado, pero tienen la carga de trabajo de revisar sentencias por la entrada en vigor del nuevo Código Penal.