Las investigaciones policiales en las cuentas de Mercalicante concluyen que el exgerente de la mercantil, José Emilio Clavero, solicitó créditos en el año 2000 por valor de 2,5 millones (400 millones de las antiguas pesetas) para comprar valores y fondos de inversión, según revelaron los agentes que hicieron la investigación ayer durante la cuarta jornada del juicio por el desfalco multimillonario. «Una actividad totalmente ajena a los fines de la empresa«, apostilló el agente de la Policía Judicial durante su declaración en la Audiencia. La vista se celebra con siete de los nueve acusados en el banquillo y el principal, José Emilio Clavero, se encuentra en paradero desconocido.
El crédito se solicitó el 17 de marzo del año 2000 en la Caixa por importe de 400 millones de pesetas. La Policía destacó que de este dinero, 200 millones de pesetas se usaron para adquirir fondos de inversión; 100 millones para la adquisición de valores; y otros 98 se abonaron a la empresa Tenos, contratada para el desarrollo del proyecto del mercado electrónico, que a su vez lo destinó a invertir en Bolsa. Los agentes señalaron que el dinero se restituyó a los pocos meses con la excepción de 6,9 millones de pesetas que se contabilizaron como pérdidas. Se trata de uno de los créditos que fueron firmados por el edil de la comisión ejecutiva Juan Zaragoza, después de que el exgerente se lo presentara como gastos urgentes para el funcionamiento de la mercantil. Zaragoza sostiene que Clavero le engañó y que la operación contó con el respaldo del consejo.
Los funcionarios policiales destacaron también que justo ese año tanto Clavero como su entonces esposa triplicaron sus ingresos en el IRPF de ese año, hasta el punto de que tras haberlas ido presentando por separado y con derecho a devolución, ese año la presentaron individualmente y con ingresos de 30 millones de pesetas. El dinero a Hacienda de la declaración del matrimonio salió de Mercalicante. Los investigadores también detectaron que un piso que el matrimonio compró en Alicante fue pagado por las empresas vinculadas con las operaciones sospechosas del alquiler de las naves frigoríficas de Mercalicante.
El informe policial concluía también que José Emilio Clavero realizaba extracciones y disposiciones de dinero por un valor muy superior al límite de quince millones de pesetas que tenía autorizado. Los movimientos de las cuentas apuntaban a que hubo días en que los movimientos que superaban con creces este límite y llegaron incluso a los 200 millones de pesetas, sin que constaran las firmas del consejo autorizando a disponer de dichos fondos. Los investigadores indicaron que en los pagos a Tenos por el mercado electrónico no detectaron disposiciones destinadas a la adquisición de material informático.
Por otro lado, ayer declaró otro testigo ligado a la mercantil Logística Alicantina del Frío (LAF), que era la empresa a quienes las llamadas «tres íes» subarrendaron las cámaras frigoríficas de Mercalicante y señaló que le dijeron que el dinero de más que iban a tener que pagar por las naves «era para financiar al partido», concretando que se refería al PP, pero alegó que eran rumores entre la gente y que no se acordaba de nada. Este testigo debía haber declarado el miércoles pero no se presentó ante el tribunal, motivo por el que la Audiencia emplazó a la Policía para que le localizara y le trajera a juicio. Ayer el testigo se justificó diciendo que se había equivocado de día. Según explicó este testigo, pensaron que inicialmente estaban alquilando las naves a Mercalicante. «Luego nos cambiaron el precio y nos metieron a estas tres empresas de por medio. Yo me acabé marchando porque no me gustaban nada esas cosas», aseguró.
El juicio se suspendió ayer hasta el próximo lunes donde quedará visto para sentencia con los informes finales de las partes. El fiscal y las acusaciones anunciaron ayer que mantendrían sus escritos iniciales de acusación, mientras que las defensas reiteraron que pedirían la absolución y algunos ya avanzaron que en caso de que hubiera condena se les aplicara una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas al haberse tardado en juzgar el caso 13 años desde que se presentó la denuncia.
