Los acusados del caso Mercalicante culparon ayer al exgerente, José Emilio Clavero, del desfalco en la empresa mixta de cerca de seis millones de euros denunciado hace casi trece años. El juicio por estos hechos arrancó ayer en la Audiencia Provincial con la ausencia de Clavero y otro de los acusados, Julio Serio, en el banquillo, ambos en paradero desconocido. La estrategia de los siete procesados fue la de culpar de todo a los ausentes y declararse inocentes de cualquier irregularidad. «No están aquí todos los que deberían», advertía durante la sesión el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, en alusión a los políticos de la comisión ejecutiva y que, según él, estaban al tanto de las actuaciones de Clavero. Entre ellos, el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi y los entonces ediles Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galant. La Justicia archivó la causa para éstos y hoy declaran como testigos. Briones dio esta explicación durante un rifirafe que mantuvo con los magistrados que le llamaron la atención por la línea de las preguntas en un interrogatorio.
Uno de los acusados, el contable Miguel Ángel Ramo, declaró que alertó de las irregularidades de Clavero a través de sus informes y que gracias a que creó una cuenta para gastos de gerencia en cuanto empezó a ver movimientos extraños se pudo descubrir que el exgerente dispuso de 300.000 euros en efectivo de las cuentas de la empresa sin ninguna justificación. «Yo le decía que me tenía justificar esas extracciones y él me decía que ya lo haría. No le podía exigir más porque era mi jefe», explicó. A esto añadió que en esos días Clavero estaba nervioso y «los trabajadores le tenían miedo». En sus informes se alertaba de las inversiones en bolsa de Clavero con el dinero de la empresa y pagos que parecían más propios del Ayuntamiento, como patrocinios deportivos, castillos de fuegos artificiales para fiestas y la iluminación navideña. A Ramo se le imputa el haber participado en la confección de un recibo en el que se reflejaba el pago ficticio de 49 millones de las antiguas pesetas por el proyecto del mercado electrónico. Ramo declaró que el recibo lo elaboró Clavero y que no vio entonces ninguna irregularidad. «El informático dijo que había recibido el dinero, la deuda existía y lo incluí en la contabilidad», explicó. El recibo se firmó a tres días de la auditoría de Pricewaterhouse.
El informático que desarrolló el proyecto, Ángel Moreno, también imputado, mantuvo que Clavero le planteó que «me podían pagar lo que nos debían pero que tenía que firmar un recibo de que ya lo había cobrado en ese momento para poder meterlo en la contabilidad», dijo. Las acusaciones particulares sostienen que el mercado electrónico era ficticio y que la auditoría no halló constancia ni de que se hubieran entregado los ordenadores. Por ello, imputan también a Custodia Camuñas, administradora de Tenos, y Fernando Barroso, un alto directivo contratado para implantar el proyecto. Ambos sostuvieron que el mercado electrónico se realizó y que funcionaba perfectamente. «Si no se utilizó era porque Mercasa no quería que Tenos se encargara de explotarlo. Sólo querían que hiciéramos mantenimiento», señalaron.
Por su parte, la exmujer de Clavero, Cristina Soro, negó ayer que hubiera ayudado a su exmarido a alzar bienes a través de la venta de dos pisos en Alicante y Barcelona durante la liquidación del régimen de gananciales. La exposa aseguró que no conocía nada de los negocios de su esposo y que a ella también la engañó con la liquidación de los gananciales: «Lleva una economía familiar paralela». Preguntada si sabía algo del paradero de su exmarido dijo que no y que hacía un año que no sabía nada de él. «Una vez al año llamaba a los niños e iba cambiando de sitio», dijo.
Cerraron los interrogatorios, Antoni Roca y Francisco Javier Luengo, administradores de las empresas que alquilaron las naves frigoríficas a Mercalicante a un precio inferior y las realquilaron a otra mercantil por el triple. El fiscal no les acusa pero sí las acusaciones particulares. Según dijeron, sólo llevaban temas contables y los contratos los negoció Julio Serio, el otro acusado desaparecido.
