El caso de Fernando Enrique Muñoz, el alicantino cuyo teléfono móvil extraviado apareció junto a unos efectos sustraídos y fue condenado a diez años y medio de cárcel por dos robos que asegura no haber cometido, se está convirtiendo en un proceso lleno de sombras que dejan entrever diferentes anomalías que, según el abogado defensor, Santiago Talavera, habrían permitido acordar la absolución de este joven por las múltiples dudas sobre su participación en los asaltos. El abogado de Fernando estudia ahora pedir la nulidad del proceso tras descubrir que se ocultó una testigo que viajaba en el coche con las otras tres mujeres asaltadas por varias personas y su testimonio no se aportó, ni en la instrucción ni en la vista oral. El joven, que llegó a estar junto a su padre en huelga de hambre, disfruta desde hace más de un año de una libertad condicionada por el uso de una pulsera telemática que restringe su libertad de movimientos.

La mujer que no llegó a comparecer en el juicio ha declarado a principios de este año en las diligencias abiertas en un juzgado de Alicante por la querella presentada por falso testimonio contra dos de las asaltadas que señalaron a Fernando en el juicio como uno de los asaltantes, pese a que en la rueda de reconocimiento no lo hicieron e incluso identificaron a otra persona. La querella iba dirigida contra una tercera víctima, pero al final se retiró la acusación tras alcanzar un acuerdo de mediación promovido por el abogado de Fernando, donde reconoce el error en la identificación del joven condenado. La nueva testigo ha declarado que ella no pudo reconocer a ninguno de los asaltantes y que en su día no quiso ser incluida en la denuncia.

Aunque estas diligencias fueron archivadas por el juzgado de Instrucción número 2 de Alicante, el juez las reabrió tras un recurso del abogado, donde resaltó las «contradicciones e incongruencias» de las declaraciones de las imputadas, las cuales alegaron que no sabían los datos de identificación de la cuarta mujer que iba con ellas en el coche y en realidad conocían hasta el número de teléfono.

Asimismo, Sanidad ha aportado al juzgado el historial médico de la conductora, donde se aprecia, que no fue al médico para ser atendida de las lesiones del asalto hasta dos meses después del suceso y lo hizo solo unos días antes de pasar la revisión del forense para la indemnización por las lesiones, que fue de 8.000 euros. El informe también revela que antes y después del atraco sufrido la mujer fue atendida varias veces por pérdida de memoria, lo que en opinión de la acusación contrasta con su declaración en el juicio, donde recordaba con detalle lo ocurrido.