«Existen hasta dieciocho delitos tasados que pueden ser cometidos por una empresa, la mayoría de ellos económicos», explicó ayer el letrado Bernardo del Rosal en el Colegio de Abogados de Alicante. El exsíndic de Greugues de la Comunidad y catedrático de Derecho Penal intervenía ayer para explicar la figura de los nuevos controladores internos que las mercantiles van a tener que poner en marcha para evitar que puedan ser imputadas por algún delito. Del Rosal, junto con el magistrado de la Audiencia de Alicante, Julio Úbeda, participaron en las jornadas sobre la reforma del Código Penal para explicar la nueva responsabilidad penal de las empresas.
«Desde el año 2010, el Código Penal ya permite que las empresas puedan ser imputadas por algún delito», explicó Del Rosal. Con la reforma que ahora entra en vigor, se establecen los mecanismos por las que estas mercantiles puedan estar exentas en estos procesos y evitar que por la actuación irregular de algún empleado, toda la empresa deba de responder en el caso de una condena. El primer paso es la de establecer medidas de control interno encaminadas a la prevención de estos delitos y los controladores serían los encargados de velar por la aplicación y el cumplimiento de esas medidas, según explicó.
La mayoría de los delitos que se pueden imputar a una empresa son de índole económica, que van desde el blanqueo a la estafa, pero también se encuentran las redes de trata de blancas, señaló. Para Del Rosal, es una paradoja que precisamente los delitos contra los derechos de los trabajadores no estén incluidos entre este catálogo de tipología delictiva.
Carecer de plan no será delito
El letrado considera lógico que el Gobierno haya acabado retirando del Código Penal la obligatoriedad de las empresas de contar con estos planes de prevención del fraude. El texto contemplaba que carecer de ellos fuera considerado delito. «Era algo exagerado y este delito tampoco existe en ninguna otra parte. Nosotros no teníamos tradición en la posibilidad de imputar delitos a las empresas y los hemos adoptado del sistema anglosajón. Pero lo que no podemos es pasar del cero al infinito», aseguró Del Rosal para referirse a la intención que tuvo el Gobierno de penalizar la carencia de mecanismos de prevención del fraude. En este sentido, explicó que la filosofía era similar a cuando se hizo la Ley de Prevención de Accidentes Laborales, que obligaba a las mercantiles a adoptar medidas de control para tratar de evitar estos siniestros entre sus trabajadores.
Las jornadas continuarán hoy en el Colegio de Abogados de Alicante con el análisis de una de las reformas estrella del nuevo Código Penal, la prisión permanente revisable y cuya ponencia correrá a cargo de la Juez de Vigilancia Penitenciaria de Alicante, Eva Inmaculada Martínez. Las jornadas están destinadas a la formación de abogados ante la próxima reforma que entra en vigor el próximo 1 de julio y entre los ponentes se encuentran jueces, fiscales y letrados de Alicante.
