La Fiscalía ha pedido provisionalmente la imposición de sendas penas de 4 años de prisión para los hermanos Rafael y José Vicente Gregory por apropiarse presuntamente de forma indebida de unos 60.000 euros en la venta de un camión, fraude para el que también falsificaron supuestamente dos documentos.

Según el escrito de acusación del ministerio público, al que ha tenido acceso Efe, los acusados, que eran director comercial y administrador de la mercantil Autisa Servicios S.L. , concesionaria de la distribuidora Renault Truks SA en la provincia de Alicante, vendieron el vehículo el 8 de septiembre 2009 a Gasóleos Alicantinos. Esta empresa instaló una carrocería especial en el camión y una cisterna para transportar combustible, pero no recibió la documentación necesaria para matricularlo y pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Los procesados, en lugar de entregar el dinero de la operación a la fabricante, «lo hicieron suyo y lo aplicaron a otros usos, lo que motivó que Renault Truks no facilitara la documentación para la matriculación», señala la Fiscalía. Ante los requerimientos del comprador, Autisa le entregó dos documentos falsos presuntamente elaborados por ellos, o a instancias suyas por sus empleados. El primero era copia de un requerimiento a Renault donde se informaba de la transferencia de dinero efectuada y se reclamaba la documentación y el segundo una orden de movimientos de fondos por 54.8771 euros que en realidad se correspondía con otro camión.

Gasóleos Alicantinos SL se dirigió entonces a Renault para exigir la entrega de los documentos, momento en que se descubrió que la distribuidora no había recibido el dinero y que los certificados entregados por Autisa habían sido «manipulados», lo que obligó a la compradora a pagar de nuevo el camión. El juicio por estos hechos se celebrará el próximo 7 de mayo en la sección primera de la Audiencia Provincial. La Fiscalía considera a Rafael y José Vicente Gregory autores de un delito de apropiación indebida, por el se enfrentan a sendas penas de tres años de cárcel, y otro de falsificación de documentos privados, por el que se solicita otro año.

Ambos acusados fueron en su día inhabilitados para desarrollar sus funciones empresariales al ser declarados culpables del concurso de acreedores de Autisa y están actualmente inmersos en diversas causas penales. Algunos de esos procesos derivan de la operación Brugal. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción considera a Rafael Gregory el principal intermediario entre el que fuera presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll en el caso del Plan Zonal de la Vega Baja.