Un paso atrás, aunque no tanto como para volver a la situación anterior a la Ley de tasas. El Gobierno ha optado por rectificar y ayer aprobó la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas en todos los órdenes e instancias, aunque las mantendrá para las pequeñas y medianas empresas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó que la eliminación responde a una «reivindicación muy extendida» de la totalidad de los profesionales del sector, que pedían su retirada para las personas físicas pero también para las pymes. Sin embargo, las tasas no se han modificado para las pequeñas y medianas empresas al considerar que en éstas la mayoría de los litigios serán de una cuantía inferior a los 2.000 euros, que es la cantidad hasta la cual las pymes están exentas de tasa, indicó el ministro.
El ministro no reconoció que las tasas, que han pemitido recaudar 512 millones de euros, hayan limitado el acceso a la Justicia de los ciudadanos puesto que no se ha acreditado una reducción en la litigiosidad desde su implantación, según indicó. Aseguró desconocer el destino de esos más de 500 millones que el Gobierno se había comprometido a dedicar a la financiación de la justicia gratuita y explicó que no necesariamente tienen que ir a ella. «Se va a la caja común de los servicios públicos», dijo el ministro Rafael Catalá.
El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, tildó de «acertadísima» la retirada de las tasas «porque suponían una limitación en el acceso a la Justicia y en Alicante había bajado la litigiosidad un 40% desde el inicio de su aplicación», lo que a su juicio ratificaba que había restricciones. Indicó que lo ideal hubiera sido que se eliminaran también las cargas para las pymes y volver al estado anterior de su entrada en vigor. Añadió que ahora «es importante potenciar un sistema complementario de mediación, que sea efectivo y que se dé a conocer bien, e incluso, su obligatoriedad en algunas materias».
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Alicante señaló ayer que la supresión es «un éxito de la Abogacía, que ha luchado firmemente por su revocación, así como de la plataforma contra las tasas», aunque añadió que la medida no es suficiente mientras se mantengan las tasas para pequeñas y medianas empresas.
Candela recordó que en Alicante se creó un registro de ciudadanos que no habían podido recurrir sus sentencias por falta de medios económicos, aunque dejó de hacerse tras conocerse los datos de la Audiencia Provincial de Alicante, «porque la litigosidad llegó a descender un 60% y eso necesariamente es limitación». Jueces, fiscales, abogados, procuradores y sindicatos de Alicante siempre han manifestado su rechazo las tasas.
El Ejecutivo aprobó ayer la eliminación de las tasas para las personas físicas junto a tres proyectos de ley en el ámbito de Justicia: Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Civil y la regulación del estatuto del miembro nacional de Eurojust.
