La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha advertido en su último informe sobre la saturación que sufren varios registros civiles de la Comunidad Valenciana debido a la insuficiente dotación de medios humanos.
En el informe del Defensor del Pueblo relativo a 2014, Becerril lamenta que la situación de provisionalidad normativa redunda en el colapso de estos servicios, especialmente en aquellas comunidades que en su día asumieron las competencias.
Tras la aprobación de la Ley de Registro Civil, cuya entrada en vigor se viene aplazando, estas regiones esperan que las funciones del registro dejen de ser desempeñadas por los juzgados. Así, se constatan demoras que oscilan entre 1,5 y 10 años para determinados trámites, y se citan a los registros catalanes como los más saturados.
Tras los catalanes se mencionan los andaluces, madrileños y valencianos, en concreto los de Alcoy, Alicante, Benidorm, Dénia, Elche, Gandia, Mislata, Orihuela, Paterna, Sagunto, Torrevieja, Valencia y Vinaròs.
«En las comunidades de Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid y Valenciana no sólo no se ha conseguido el objetivo de reducir plazos, sino que se ha multiplicado el colapso en los registros infradotados», según recoge el citado informe.
Asimismo, se hace referencia al servicio de cita previa que «ha demostrado su operatividad» y que han aceptado las regiones de Canarias, Cataluña, Madrid y Valencia, aunque «no se ha completado su implantación».
Al igual que en años anteriores, el Defensor del Pueblo deja constancia de la «insuficiencia de medios» con que cuentan algunos juzgados y señala que su estado es «consecuencia directa, en la mayoría de los casos, de la austeridad económica que continúa afectando a todos los sectores del país».
En concreto, este organismo recibió en 2014 un total de 172 quejas por demoras judiciales, seis más que en el ejercicio anterior. De ellas 80 afectaban a la Jurisdicción Civil (nueve más que el año anterior), 53 a la Penal (seis más que el año anterior), 20 a la Social (tres menos que el año anterior) ,11 a la Mercantil (cuatro más que el año anterior) y ocho a la Contencioso-administrativa (diez menos que el año anterior).
En la jurisdicción penal el Defensor del Pueblo destaca la situación de los juzgados de Alicante, que «superan ampliamente el criterio técnico fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como indicador de la carga de trabajo». Así, el tiempo de respuesta es muy alto (21,3 meses) y excede el doble del tiempo de respuesta nacional (10,2 meses).
Becerril destaca en su informe el «claro malestar» que las tasas judiciales provocan en los ciudadanos y en los operadores jurídicos que intervienen en los procesos, al tiempo que señala que esta medida ha tenido «una repercusión moderada en el descenso de la litigiosidad» de los tribunales.
El informe pone de manifiesto que las medidas del Gobierno para evitar la tardanza en la tramitación de los procedimientos judiciales «no han sido suficientes» y que esta situación «repercute de forma negativa en la imagen del sistema judicial y, por ende, socava uno de los pilares del Estado de Derecho». «Una justicia tardía supone, en la práctica, una mala justicia», recuerda.
