La empresa alicantina que ha prestado servicio durante más de una década como depósito judicial de vehículos intervenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizó ayer una protesta frente a los Juzgados de Benalúa para reclamar a la Generalitat el pago de más de tres millones de euros correspondientes a 1.200 facturas que tiene «guardadas en un cajón» desde hace más de un año la Conselleria de Justicia. La protesta, que coincidió con la visita de la fiscal general del Estado a los Juzgados, obligó a cortar la calle Pardo Jimeno y la Policía Local desvió el tráfico.
El responsable de Servicios Integrales Vital, Jorge Talavera, acompañado de los abogados Manuel Romero y Santiago Talavera, explicó que lleva más de un año recibiendo promesas de que les van a pagar pero no las cumplen y no puede aguantar.
Desde la Conselleria de Justicia una portavoz admitió el retraso y aseguró que «en las próximas semanas se va a pagar una parte de las facturas».
Como publicó este diario, la Generalitat adjudicó el pasado año el servicio de depósito judicial a una empresa de Valencia y el TSJ investiga una demanda presentada por el empresario alicantino al considerar que existieron irregularidades en la contrata porque no cumplía los requisitos exigidos.
El empresario, ayudado por empleados, acudió a los Juzgados con una grúa cargada con vehículos intervenidos y tras pararla en mitad de la calle colocó varias pancartas en las que hacía referencia al impago de 1.200 facturas que están «guardadas en un cajón» y a la lucha que mantiene para cobrar el dinero que le deben. Talavera mantiene retenidos en su almacén unos 300 vehículos y según indicaron sus abogados no los van a entregar al nuevo depósito judicial de Valencia mientras no les paguen la deuda.
Los letrados señalaron que si no les pagan acudirán al Contencioso para reclamar la deuda que está reconocida. Jorge Talavera, que tiene el respaldo de jueces de Alicante en sus demandas, criticó que ahora la Conselleria alega que parte de las facturas han prescrito pese a que hay informes del propio director general y de la subdirectora de Justicia diciendo que no pueden prescribir al tratarse de un servicio continuado.
Las críticas también fueron dirigidas hacia Alberto Fabra por decir que paga las facturas a 50 días, cuando la empresa alicantina asegura que llevan esperando más de un año a cobrarlas.
