El traslado del depósito judicial de vehículos decomisados de Alicante a Valencia ya ha generado los primeros problemas de operatividad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a juzgados alicantinos por el servicio que presta desde mediados de año la nueva empresa adjudicataria de la contrata, que tiene su sede en Cheste y está recogiendo hasta con tres meses de retraso los vehículos intervenidos en operaciones policiales.
La Conselleria de Justicia, en el periodo en el que Serafín Castellano era conseller, adjudicó el depósito judicial de vehículos a una empresa de Cheste sin experiencia en el sector, pese a ser ésta una de las condiciones impuestas en el concurso. Por ello, los anteriores depositarios judiciales de las tres provincias de la Comunidad presentaron un recurso contencioso-administrativo, que está pendiente de ser resuelto. Estas empresas siguen luchando para que la Generalitat les pague una deuda de varios millones acumulada durante una década y por ello aún retienen en sus depósitos cientos de vehículos intervenidos por las Fuerzas de Seguridad.
Los más afectados por el traslado a Valencia del depósito judicial de vehículos son las unidades de investigación de la Policía Nacional que suelen incautar coches y camiones a bandas organizadas y necesitan una rápida respuesta en caso de intervenciones que suelen ser de madrugada.
El malestar es patente y se han dado situaciones que no ocurría cuando el depósito estaba en Alicante. Así, mientras que el anterior depositario -Servicios Integrales Vital- ofrecía un servicio inmediato las 24 horas del día y recogía vehículos y todo tipo de efectos intervenidos, la Policía Nacional se ha encontrado ahora con retrasos de hasta tres meses y con que solo se hacen cargo de vehículos. En concreto, la empresa «Stock Circuit» de Cheste recogió el pasado octubre una cabeza tractora que estaba estacionada en el puerto de Alicante desde que fue intervenida por la Policía en julio.
Otro caso similar ha ocurrido con 16 coches incautados en el mes de julio por la Policía Nacional a una banda de ladrones de vehículos. Los turismos tuvieron que ser trasladados a dependencias policiales de Alicante, donde han permanecido hasta finales de octubre, cuando la empresa de Valencia acudió a retirarlos tras ser requeridos desde la Comisaría alicantina.
Además de los retrasos, otro problema añadido que están sufriendo las Fuerzas de Seguridad con el nuevo depósito judicial es que la empresa se niega a hacerse cargo de coches o camiones incautados fuera de la Comunidad Valenciana, aunque sea en operaciones dirigidas por juzgados de Alicante, Valencia o Castellón. Los investigadores sostienen que si, por ejemplo, intervienen un vehículo en Málaga necesitan que sea trasladado hasta Alicante por operatividad, ya que en el caso de grupos de narcos habilitan escondites en sitios insospechados y necesitan tiempo para inspeccionar los turismos, tanto para localizar zonas donde ocultan la droga como para recabar pruebas por parte de la Policía Científica.
La empresa también ha rechazado hacerse cargo de varios vehículos -uno de ellos un Ferrari- que han sido decomisados recientemente por la Policía en la provincia de Alicante. Al ser un asunto de un juzgado de la provincia de Málaga la empresa de Cheste ha dicho que no es de su competencia.
Los juzgados de Alicante también están empezando a registrar los inconvenientes del traslado del depósito judicial, aunque son los ciudadanos los más afectados porque tienen que pagar de su bolsillo el viaje a Cheste, con la molestia añadida de que la empresa tiene sus instalaciones a unos siete kilómetros del pueblo y no hay transporte urbano. En un caso, un ciudadano al que robaron su coche en Alicante le avisaron de que había sido recuperado, pero tuvo que ir a Valencia por sus propios medios para recogerlo. «Es un sinsentido que Alicante no tenga aquí el depósito judicial», aseguró a este diario un juez alicantino.
