La Audiencia Provincial de Alicante sentará en el banquillo la próxima semana al exempresario de la plaza de toros de Benidorm Justo Benítez por quedarse presuntamente dinero de derechos televisivos de corridas tras una denuncia de su socio en la mercantil de espectáculos taurinos que administraba. Benítez, que fue el adjudicatario del coso benidormense durante la etapa de Eduardo Zaplana en la Alcaldía de la ciudad, está acusado de los delitos de apropiación indebida y falsedad documental, por los que la Fiscalía le reclama penas que suman cuatro años de prisión. Los socios y supuestos perjudicados le reclaman por su parte penas que suman ocho años de prisión. La cantidad supuestamente apropiada ascendería a 112.141 euros, según los escritos de acusación.
Los hechos ocurrieron cuando éste ya no era el adjudicatario de estas instalaciones pero seguía trabajando en el ramo, aprovechando los contactos que tenía en el mundo taurino. El origen de la disputa que ha originado este pleito es el dinero por los derechos de retransmisión de las corridas en la plaza de toros de Lima que se vendieron a la televisión autonómica de Castilla-La Mancha durante dos meses.
Según el escrito de acusación, los hechos enjuiciados se remontan al año 2006 cuando el acusado era uno de los administradores solidarios de la Sociedad Soluciones Taurinas, en la que eran socios fundadores Francisco Javier de Zárate y la mercantil Financieros de Xàbia. El escrito de acusación señala que Benítez conocía y tenía contactos en el mundo taurino, datos que explicaban su cargo dentro de la empresa recién constituída.
En este contexto, el 4 de octubre de 2006, como administrador de la sociedad el acusado firmó un contrato con la televisión autonómica de Castilla-La Mancha por el que se le cedían los derechos televisivos de la retransmisión de los festejos taurinos que se celebrarían en la plaza de toros de Lima (Perú) durante los meses de octubre y noviembre del año 2006, a cambio de 210.350 euros más el IVA.
Según los escritos de acusación, llegado el mes de diciembre, una vez que se habían celebrado las corridas contratadas y devengado el precio pactado, Benítez abrió una cuenta corriente a nombre de la empresa Soluciones Taurinas, donde ingresó 112.141 euros del dinero pagado por la cadena pública y después lo transfirió a otra empresa, Inverment Casares, en la que también era administrador. El fiscal sostiene que el acusado con esta operación tenía la intención «de obtener un incremento patrimonial ilícito» y que esta trasferencia se hizo al margen del otro administrador. El fiscal sostiene que el acusado además elaboró una factura falsificada para tratar de ocultar estas operaciones.
La Fiscalía pide una pena de tres años y cuatro meses de cárcel por un delito de administración desleal en concurso con otro de apropiación indebida, así como una multa de 3.600 euros; así como otros nueve meses de prisión por falsedad en documento mercantil, más otra multa por idéntico importe que la anterior. Por su parte, la acusación particular pide cinco años de cárcel por la apropiación indebida y otros tres años por la falsedad, los mismos delitos que el ministerio público pero con penas ligeramente superiores. Por su parte, la defensa del empresario ha presentado un escrito en el que se limita a negar todos los hechos que se le imputan y se defiende que no se ha cometido delito alguno por lo que procede la absolución.
