El Gobierno central anunció ayer como si fueran nuevos 33 jueces para luchar contra la corrupción en la Comunidad Valenciana dentro de las medidas de lucha contra la corrupción aprobadas ayer por el Consejo de Ministros, dos de los cuales se asignarán a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. La Comunidad, según el anuncio, se convierte así en la cuarta región que más jueces recibirá, tras Andalucía (66), Cataluña y Madrid, con 45. Sin embargo, estos jueces estaban ya incorporados en funciones diversas de manera provisional.
En este sentido, las asociaciones de jueces y magistrados Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia acusaron ayer al Gobierno de lanzar un argumento «oportunista, falaz y una cortina de humo» por anunciar como una medida contra la corrupción la incorporación de 282 jueces en toda España. De ellos, solo dos nuevos irán a parar a la Audiencia Nacional, una cifra que resulta «irrisoria» para actuar contra este fenómeno que salpica a muy diversos partidos y administraciones, indicaron las asociaciones.
El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, destacó que el decreto aprobado «no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción», sino que se trata «de evitar el desequilibrio entre el número de jueces en activo y sus plazas. No son nuevos juzgados», agregó. «Las plazas son bienvenidas y agilizarán la carga de trabajo pero no tienen nada que ver con corrupción».
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó ayer un Real Decreto por el que se crean un total de 282 plazas de jueces y magistrados y, dentro de las medidas de lucha contra la corrupción, dos de ellas serán para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Este fue el mensaje público tras la aprobación del decreto, pero no se trata de nuevas plazas, sino que son los llamados jueces de adscripción territorial a los que, ahora, asigna plaza. Según el Ministerio de Justicia, la asignación de las plazas se ha llevado a cabo en sintonía con las necesidades señaladas por el Consejo General del Poder Judicial y los tribunales superiores de Justicia, y ha sido consensuada con las comunidades autónomas. El Gobierno indicó que así «se refuerza la actuación de jueces y magistrados en el orden penal, y en concreto, su lucha contra la corrupción impulsadas por el Gobierno con el fin de la que la justicia sea cada vez más rápida y eficaz». Según Justicia, esta es la mayor creación de plazas judiciales en España de los últimos 25 años, ya que hay que remontarse a 1989 para encontrar una cifra similar, con 303.
