La documentación incautada el pasado mes de junio tras el desmantelamiento en Elche de una trama que engañó a pequeñas y medianas empresas de todo el país con la inserción de anuncios en revistas de temática policial ha permitido a la Policía concretar en más de 31 millones de euros los beneficios obtenidos por el grupo estafando presuntamente a más de 150.000 personas. Si en la primera fase de la denominada «operación Siglo XXI» fueron detenidas 52 personas, entre ellas tres abogados, la Policía Nacional ha detenido en las últimas semanas en Elche a otros 17 presuntos implicados en la macroestafa.
La Dirección General de la Policía informó ayer en un comunicado de que inicialmente se estimaron en 15 millones los beneficios obtenidos por los responsables del fraude, aunque tras analizar la documentación incautada a los primeros detenidos se elevó a más de 31 millones de euros el montante de dinero obtenido.
Los investigadores también han detectado más de una treintena de nuevas empresas que se constituyeron presuntamente con la finalidad de blanquear los beneficios y camuflar la actividad real de la trama. Al frente de dichas empresas figuraban testaferros a sueldo de los cabecillas, que son precisamente la mayoría de los nuevos detenidos. Dichas empresas realmente eran controladas y gestionadas por parte de la trama desarticulada.
La Policía averiguó que la mayoría de las personas que figuraban en los órganos directivos y de administración de dichas empresas solo figuraban de forma testimonial. No desarrollaban actividad alguna pero cobraban entre 1.500 y 3.000 euros a cambio de figurar en las empresas investigadas.
Los agentes establecieron un nuevo operativo hace unas semanas que se saldó con la detención de 17 personas por delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales y alguno de obstrucción a la justicia.
Las primeras pesquisas se remontan a hace dos años tras las denuncias de personas afectadas por la estafa y publicaciones de particulares en foros, blogs y páginas web. La Policía analizó miles de datos sobre los integrantes de la organización asentada en Elche, su entramado societario y las cuentas bancarias que han utilizado durante los últimos catorce años.
El «modus operandi» consistía en captar a trabajadores o responsables de pequeñas y medianas empresas a los que ofrecían la inserción de anuncios publicitarios en revistas de temática policial impresas y online. Las víctimas eran engañadas porque se hacían pasar por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para aparentar que eran publicaciones oficiales.
