Un jurado popular juzga desde ayer al presidente de una comunidad de vecinos de Alicante por allanamiento de morada al invadir, supuestamente, la vivienda de un vecino para comprobar si había hecho obras ilegales.
Once personas en el tribunal jurado -con sus correspondientes gastos de 62 euros por persona y día más desplazamientos-, cuatro días de juicio, la posibilidad de reunirlos a todos en un hotel si no alcanzan un acuerdo en una primera deliberación para sentencia, cinco testigos y un desplazamiento acompañado de las fuerzas de seguridad de todo el tribunal, con los once miembros del jurado incluidos, hasta la vivienda del denunciante para comprobar in situ por dónde accedió el acusado. Esta es la maquinaria judicial desplegada para una vista oral que tiene como fin dirimir si el presidente del edificio accedió a la casa del denunciante, quien reside en un ático en la Rambla en el que, según afirma, entró el presidente saltando un muro y donde, una vez dentro, realizó unas fotos de trabajos que se estaban haciendo en la morada.
El tribunal jurado es el mismo sistema que se empleó -porque así lo regula la Ley del Jurado- para cuestiones tan transcendentales como fue el juicio al expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, el asesinato de los hijos de José Bretón y, en general, el sistema que se sigue en todos los juicios por asesinato. Sin embargo, la legislación también contempla que el jurado se enfrente a un allanamiento de morada, sin especificar si éste ocurre en un asesinato en una vivienda privada o en el caso de que un presidente de una comunidad de vecinos ponga un pie en la casa de otro para ver si hay obras.
Este inusual procedimiento, que arrastra cuatro días de juicio y un desplazamiento del tribunal a casa del denunciante como así se ha previsto para el miércoles, tiene su origen en el verano de 2011 cuando el acusado, presidente de la comunidad de vecinos de una finca de la Explanada, accedió al ático desde una trampilla creada por la comunidad de vecinos para entrar en los espacios comunes y después saltó un muro con el fin de acceder a la vivienda, según constata el fiscal en su escrito de acusación, en el que pide para el procesado un año de prisión por un delito de allanamiento de morada.
Cerca de la Audiencia
Se da la circunstancia de que la vivienda que se ha de visitar a petición de la defensa está muy cerca de la Audiencia Provincial de Alicante, donde se celebra el juicio, por lo que la inspección ocular no parece que vaya a presentar muchos problemas de logística.
El fiscal destacó que la zona entendida como «privada» es aquella en la que se vive, sin que fuera necesario ser propietario de la misma.
La misma línea siguió la abogada de la acusación particular en representación del vecino denunciante, quien señaló que el acusado violó un derecho fundamental accediendo a la vivienda. Según su versión, el presidente de la finca entró en la casa, permaneció en ella y allí hizo unas fotos sin consentimiento del denunciante ni de nadie. Subió con el conseje, quien le dio las llaves para abrir la trampilla, y mientras que el conserje se quedó detrás del muro el acusado lo saltó para entrar en la casa.
Por su parte, el procesado explicó que «lo único» que hizo es cumplir con sus responsabilidades y comprobar si el vecino estaba haciendo obras en zonas comunes, afectando así los intereses de la comunidad. Aseguró que en ningún momento accedió a la vivienda, ya que al saltar el muro es espacio todavía pertenece, dijo, a zonas comunes, y que se asomó a la vivienda y que en ningún caso entró. Cuando llegó se encontró con un pintor que le dijo que estaba haciendo obras de albañilería y pintura, y tras comprobar lo que quiso, se fue por el mismo sitio. Señaló que precisamente esa trampilla ubicada junto a un torreón se construyó para el acceso de los vecinos debido a que el dueño del ático «cegó» y «condenó» la que era la entrada natural a las zonas comunes del ático, donde construyó un trastero y, luego, la casa de su hijo.
Hoy está prevista la declaración del dueño de la vivienda y del conserje. Desde la Fiscalía se han emitido informes pidiendo la revisión de los asuntos que son competencia de los jurados populares y en los que se pide la eliminación de delitos como el allanamiento o la omisión del deber de socorro.
