La Fiscalía pide seis años de prisión para una policía municipal de Benidorm por usar el teléfono móvil que le asignó el Ayuntamiento para el servicio para realizar llamadas personales y por haberse quedado el terminal después, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. Tanto el fiscal como el Ayuntamiento benidormense, que ejerce la acusación particular y reclama la misma pena, consideran que los hechos son constitutivos de dos delitos de malversación de caudales públicos. El caso se remonta al periodo comprendido entre los meses de abril de 2008 y enero de 2009 y acaba de llegar a la Audiencia para que sea enjuiciado por un jurado popular. Un caso similar al que investiga un juzgado de Torrevieja que tiene imputados a dos concejales y otros cuatro cargos de la corporación por hacer gastos privados con el móvil oficial. Sólo que en la investigación de Torrevieja no sólo hay comunicaciones personales, sino llamadas a prostitutas y a concursos de televisión y suscripciones a canales porno. En este delito se castiga el que se malgaste dinero público, con independencia de la cantidad malversada.
Según los escritos de acusación, los hechos se produjeron a partir de abril de 2008 cuando la acusada comenzó a utilizar para realizar llamadas de carácter privado el teléfono móvil corporativo que le habían asignado para labores de servicio. Los números de teléfono a los que llamaba eran personas fundamentalmente de su entorno familiar, como su hija y su marido. La Fiscalía incide en que en los meses de verano de 2008 la acusada aprovechó que fue trasladada por un cambio de oficina debido a una reestructuración de plantilla para quedarse con el teléfono y seguir utilizándolo para llamadas personales. El desconocimiento de los nuevos agentes incorporados del material que tenían que controlar facilitó, a juicio de las acusaciones, que la situación tardara en detectarse.
El Ayuntamiento finalmente se dio cuenta de la existencia de anomalías en el listado de llamadas y de que el teléfono había desaparecido, motivo por el que lo dio de baja. La corporación municipal reclama a la agente 613,55 euros por el consumo del teléfono entre los meses de abril de 2008 a enero de 2009, sin que ésta haya reintegrado el teléfono, ni haya abonado las facturas.
Las acusaciones reclaman para la funcionaria tres años de cárcel por la sustracción del teléfono móvil, así como otros tres años más por la utilización del terminal para fines personales. Asimismo reclaman que indemnice al Ayuntamiento con el dinero defraudado, una suspensión durante seis años de empleo público y multas que suman 2.880 euros. Según las fuentes consultadas por este diario, el juicio podría celebrarse durante el primer trimestre del próximo año 2015.
