La Audiencia de Alicante cerró ayer con penas mínimas un fraude al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en Alicante que ascendía a cerca de 90.000 euros y que se remonta al año 2001. Ninguno de los 17 acusados tendrá que ingresar en prisión, aunque se ha conseguido que el Estado recupere el dinero defraudado. Todos los acusados se declararon ayer culpables y cerraron una conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La sala ha impuesto un año y medio de cárcel al cerebro de la trama y un año a su red de colaboradores.
El cerebro de la trama es un graduado social que constituyó hasta seis sociedades distintas, a cuyo frente colocó como administradores y apoderados a personas interpuestas de su confianza. El objetivo de estas empresas era obtener el pago de prestaciones del Fogasa y del INEM en beneficio del principal acusado, sus administradores, apoderados, así como personas que figuraban como trabajadores, pero que estaban vinculados familiarmente con el resto. El cerebro de la trama era tenido como el propietario de la empresa por los trabajadores y les hizo firmar un poder notarial al inicio de la relación laboral en el que éste figuraba como su abogado. De esta manera, aparecía como la persona designada por ellos para gestionar y cobrar cantidades del Fogasa. Así posteriormente presentaba demandas ante los juzgados de lo Social para reclamar el pago de salarios. El dinero del Fogasa y del Inem se lo ingresaba en sus cuentas, sin llegar a los trabajadores.
El fiscal les acusa de los delitos de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad continuada. El Estado ha podido cobrar parte del dinero defraudado y ayer antes del juicio la deuda era cercana a los 60.000 euros. Una cantidad que se va a cubrir con una hipoteca de una vivienda que ha sido aportada al juzgado. Las defensas pidieron la suspensión de las penas a los acusados para no ir a prisión.
