Quince millones de euros estafados y 150.000 víctimas repartidas por toda España. Este es el volumen de la macroestafa cometida desde Elche por la trama que vendía publicidad a autónomos y pymes para revistas policiales. Se hacían pasar por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de aparentar que eran publicaciones oficiales. Como ya publicó este diario el pasado mes de junio, la Policía Nacional detuvo en Elche a 40 personas por esta estafa y el presunto cabecilla fue encarcelado. La Policía ofreció ayer el balance final de la operación y elevó a 52 las detenciones, de las que 49 fueron en Elche, dos en Madrid y una en Barcelona. Además desveló que entre los detenidos figuran tres abogados que presuntamente asesoraban al líder de la organización en temas de blanqueo de capitales.
Los arrestados ofrecían la publicación de anuncios a bajo coste en revistas de temática policial que en realidad no tenían distribución pública ni en centros oficiales. La organización manejaba treinta y una páginas web y se valía de más de sesenta empresas para tratar de ocultar su actividad real y blanquear los beneficios.
El cabecilla de la organización, que según la Policía ha cometido el engaño durante los últimos 14 años, llegó a utilizar como testaferros y responsables de sus empresas a personas de avanzada edad o en precaria situación personal y económica, los cuales desconocían totalmente su implicación y el alcance de los hechos.
Hace dos años comenzaron las pesquisas policiales tras varias denuncias de particulares y publicaciones sobre la estafa en foros, blogs y páginas web. Los investigadores recopilaron y analizaron miles de datos sobre los integrantes de la organización, cuentas bancarias y el entramado societario.
La estafa consistía en captar principalmente a trabajadores o responsables de pequeñas y medianas empresas a los que ofrecían la inserción de anuncios publicitarios en diferentes revistas. Las publicaciones, tanto impresas como «online», eran de temática policial y el coste de los anuncios normalmente era inferior a 400 euros. Las revistas llegaban a editarse pero no se distribuían en organismos e instituciones policiales como les ofertaban, sino que únicamente las enviaban a las víctimas de la estafa para hacerles creer que la distribución era real.
Los contenidos de las publicaciones eran «de baja calidad, poco elaborados o copiados de fuentes oficiales», según la Policía. Además, para conseguir una mayor credibilidad incluían entrevistas y «homenajes» a funcionarios policiales que desconocían sus prácticas fraudulentas.
La captación masiva de clientes se llevaba a cabo mediante técnicas ilícitas de telemarketing, «autoritarias e incluso coercitivas para que las víctimas accedieran a la contratación del producto ofertado».
Los teleoperadores, que también fueron arrestados, eran aleccionados por el cabecilla de la organización y en muchos casos se presentaban o jugaban con la ambigüedad de pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La trama llegó a contar con 31 páginas web diferentes y más de un centenar de números de teléfono de información, lo que dificultaba en gran medida el seguimiento de su actividad criminal, ya que podían ser dadas de alta y baja de forma rápida y anónima.
El blanqueo del dinero obtenido de las actividades delictivas se perfeccionaba mediante el uso de sociedades interpuestas o pantalla, la falsificación de facturas y documentación pública.
El cabecilla de la trama controlaba todos los movimientos de las empresas y a sus trabajadores, tanto a nivel profesional como personal.
Además de las 52 detenciones, la Policía llevó a cabo ocho registros domiciliarios en Elche, en los que se incautaron de 46.000 euros en efectivo, siete servidores -uno de ellos oculto en un falso techo-, 31 discos duros, tres coches, una moto y varios dispositivos informáticos. Asimismo se han bloqueado los bienes inmuebles y cuentas bancarias de 32 personas físicas y jurídicas.
La operación ha sido realizada por la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con los grupos de Delitos Tecnológicos de Barcelona y Albacete y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Alicante, Elche, Barcelona y Albacete.
