La Policía Nacional ha detenido en Elche, Madrid y Barcelona a cincuenta y dos personas por estafar unos quince millones de euros a más de 150.000 autónomos y pequeños y medianos empresarios, a los que engañaron haciéndose pasar por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según informa la Dirección General de la Policía, los arrestados ofrecían a sus víctimas publicar anuncios a bajo coste en revistas, principalmente de temática policial que en realidad no tenían distribución pública ni en centros oficiales.

La trama delictiva se valía de un complejo entramado compuesto por una treintena de páginas web y más de sesenta empresas para intentar ocultar su actividad real y blanquear los beneficios.

La operación ha culminado con la detención de cincuenta y dos personas, entre ellas el líder de la organización, tres abogados que presuntamente le asesoraban en temas de blanqueo de capitales y trabajadores del entramado.

La mayoría de las detenciones, cuarenta y nueve, se han practicado en Elche, a las que hay que sumar dos en Madrid y otra en Barcelona.

Los agentes han practicado ocho registros domiciliarios en Elche y se han incautado de cerca de 46.000 euros en efectivo, siete servidores, uno de los cuales se encontraba oculto en el falso techo de la sede de una empresa, treinta y un discos duros, entre otros dispositivos informáticos, tres coches y una motocicleta. Además, han bloqueado inmuebles y cuentas bancarias de treinta y dos personas y empresas.

El líder de la organización llegó a utilizar como testaferros y responsables de sus empresas a personas de avanzada edad o en precaria situación personal y económica y sin cualificación, que desconocían su implicación y el alcance de los hechos.

La investigación, que comenzó hace dos años, se inició tras denuncias de afectados y publicaciones de particulares en foros, blogs y páginas web.

Las pesquisas permitieron reunir y analizar miles de datos sobre los integrantes de la organización así como su entramado societario y cuentas bancarias.

Se estima que el engaño habría podido alcanzar a unas 150.000 víctimas en toda España y forma parte de una planificación preconcebida que ha sido desarrollada, perfeccionada y especializada durante los últimos catorce años.

Los estafadores captaban principalmente a trabajadores y responsables de pequeñas y medianas empresas a los que ofrecían la inserción de anuncios en diferentes revistas.

Las publicaciones, tanto impresas como online, eran creadas y editadas al efecto y principalmente estaban relacionadas con la temática policial, y el coste por anunciarse era usualmente inferior a los cuatrocientos euros.

Los contenidos de estas revistas eran de baja calidad, poco elaborados o copiados de fuentes oficiales aunque en algunos casos incluían entrevistas y homenajes a funcionarios policiales que desconocían sus prácticas fraudulentas para generar mayor credibilidad.

Las publicaciones con los anuncios contratados serían supuestamente distribuidas en organismos e instituciones policiales aunque en realidad los ejemplares eran enviados únicamente a las víctimas, a quienes hacían creer así que la distribución era real.

Para la captación masiva de clientes utilizaban técnicas ilícitas como tele-operadores y otras autoritarias y coercitivas.

Los tele-operadores eran aleccionados por el cabecilla de la organización para contactar con las víctimas y solicitar "colaboraciones" para el anuncio en sus revistas y en muchos casos se presentaban o jugaban con la ambigüedad de pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La organización llegó a contar con una treintena de páginas web y más de cien números de teléfono de información, generalmente siempre en el ámbito y temática de carácter policial, lo cual dificultaba y ocultaba en gran medida el seguimiento de su actividad, al poder ser dadas de alta y baja de forma rápida y anónima.

Así creaban, modificaban y liquidaban las más de sesenta empresas que conformaban el entramado societario y que daban soporte a la organización.

El blanqueo del dinero obtenido de las actividades delictivas se perfeccionaba mediante el uso de sociedades interpuestas o pantalla, la falsificación de facturas y documentación pública.