La investigación policial para desarticular en la provincia la red internacional de tráfico de cocaína liderada por el británico Brian Collin Charrington, uno de los diez criminales más buscados por las policías de Europa y con viviendas en Altea y Calp, se precipitó en julio de 2013 cuando una de las sospechosas sufrió un caso de malos tratos y desveló en unas llamadas la existencia de un alijo en una vivienda de El Albir. Pese a la discreción y medidas de seguridad adoptadas por los miembros de la red de narcos, una de las implicadas, de origen ucraniano, llamó desesperada a su madre porque había sufrido una agresión por parte de su pareja y le había roto la nariz. En el transcurso de dicha conversación la mujer reveló la existencia de cocaína en el domicilio y le pidió ayuda a su madre: «La casa está llena de droga, en armarios, en todos los sitios. ¿Qué tengo que hacer?». Lo que no sabía esta mujer era que su teléfono estaba intervenido por la Policía.

Estas llamadas han sido recogidas por el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Dénia en el auto de procesamiento de Brian Collin Charrington, su hijo Ryan y otras ocho personas, acordado el pasado mes de julio y que ha sido recurrido por el abogado José Soler Martín, defensor de uno de los imputados en el sumario.

La pelea de pareja entre la mencionada mujer y un hombre que presuntamente trajo la droga de Sudamérica en un velero que atracó en Altea el 20 de mayo de 2013 precipitó la operación, según recoge el juez en el auto.

El hombre fue detenido por violencia de género por la Guardia Civil y su pareja cogió 35.000 euros que tenía y se marchó precipitadamente a Cartagena, donde contactó con otro amigo. Después de hablar con su madre para que le aconsejara regresó con el conocido el 3 de julio para retirar la droga, pero ya estaba la Policía esperando para detenerles y registrar la casa, donde se incautaron de 192 paquetes de cocaína de un kilogramo cada uno.

En una de las llamadas cuenta también a su madre que la casa estaba llena de sangre y que tras ser atendida en un hospital los agentes, ajenos a la investigación de la Policía Nacional, la acompañaron de nuevo a la vivienda y se marcharon.

El juez, que fijó fianzas de 6,4 millones de euros para cada procesado, señala en su auto que la organización empleaba barcos para transportar droga desde Argentina, Brasil y Venezuela hasta España.

Además de los 192 kilos de cocaína, cuya pureza era del 64,6%, la Policía intervino en la operación cerca de 600.000 euros, más de siete vehículos de alta gama, el velero atracado en Altea y un yate a motor intervenido en Venezuela, donde estaría esperando otro alijo de cocaína financiado por unos rusos para transportarlo hacia Europa, según el auto de procesamiento.